El precio bajará de 5.000 millones
El proceso de expropiación que el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, pretende sobre los terrenos de Tablada, Villanueva del Pítamo y el Higuerón comenzará con un acuerdo del pleno municipal que delimite los suelos a expropiar y argumente el interés público que justifica la medida.
A partir de ahí, empezarán las conversaciones entre Urbanismo y los particulares expropiados, las cajas en el caso de Tablada. El único límite que la ley de expropiación forzosa impone a la administración municipal para firmar un acuerdo, en este caso con las cajas, es que sirva a los intereses generales. ...
El proceso de expropiación que el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, pretende sobre los terrenos de Tablada, Villanueva del Pítamo y el Higuerón comenzará con un acuerdo del pleno municipal que delimite los suelos a expropiar y argumente el interés público que justifica la medida.
A partir de ahí, empezarán las conversaciones entre Urbanismo y los particulares expropiados, las cajas en el caso de Tablada. El único límite que la ley de expropiación forzosa impone a la administración municipal para firmar un acuerdo, en este caso con las cajas, es que sirva a los intereses generales. Respetando esa limitación, el pacto podría incluir el pago íntegro a las entidades financieras de lo que en su día abonaron por los terrenos, más de 5.000 millones de pesetas.
El acuerdo con las cajas debería ser igualmente validado por la aprobación del pleno y sólo los grupos políticos que se opusieran podrían recurrir el convenio ante un juzgado de lo contencioso administrativo alegando que perjudica a los intereses públicos.
Si no hay acuerdo entre Ayuntamiento y expropiados, el asunto terminaría en un jurado de expropiación, organismo judicial encargado de fijar el justiprecio de los terrenos. Éste sería el peor escenario posible para las cajas. Ya lo advierte Carmona, que insiste desde el viernes en que 'a todos los afectados les interesa alcanzar un acuerdo negociado'. El daño para los intereses de las cajas, según fuentes jurídicas consultadas, vendría porque la valoración del jurado difícilmente alcanzaría el dinero que pagaron por la dehesa, sino que sería un precio intermedio entre ese dinero, 5.000 millones de pesetas, y el valor catastral de los terrenos, que no supera los 400 millones.