Los obreros eran captados en Bolivia con la promesa de un sueldo elevado
El empresario contrataba preferentemente inmigr
antes bolivianos, ya que disponía de un contacto en el país de origen que le permitía elegir a los trabajadores. Para convencer a los inmigrantes, les prometían en Bolivia un puesto de trabajo digno en el ramo de la construcción y, ante todo, bien remunerado. Sin embargo, al llegar a España se encontraban con una realidad bien distinta. Pese a ello, consentían en trabajar las más de 12 horas diarias a las que les obligaba el constructor con la esperanza de cobrar las importantes sumas de dinero prometidas en su país.
Como carecían d...
El empresario contrataba preferentemente inmigr
antes bolivianos, ya que disponía de un contacto en el país de origen que le permitía elegir a los trabajadores. Para convencer a los inmigrantes, les prometían en Bolivia un puesto de trabajo digno en el ramo de la construcción y, ante todo, bien remunerado. Sin embargo, al llegar a España se encontraban con una realidad bien distinta. Pese a ello, consentían en trabajar las más de 12 horas diarias a las que les obligaba el constructor con la esperanza de cobrar las importantes sumas de dinero prometidas en su país.
Como carecían de contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, los inmigrantes soportaban este ritmo de trabajo entre dos y tres meses, en los que no solían cobrar ninguna cantidad, según la Jefatura Superior de Policía. Después acostumbraban a buscarse otros trabajos que les reportaran algún dinero con el que sobrevivir. El empresario se aprovechaba además de que carecían de documentación en regla porque los afectados no se atrevían a denunciar los supuestos abusos que cometía, siempre según la versión policial.
Mandamiento judicial
A principios de semana, los agentes del Grupo III de la Brigada de Extranjería y Documentación decidieron intervenir la empresa. Tras conseguir el preceptivo mandamiento judicial, entraron en la sede social de la compañía y detuvieron a Julio G. G. y a su hija María Aránzazu G. A. Allí requisaron toda la información que había en el local y finalmente, lo precintaron.
La policía calcula que, hasta la fecha, unos 30 inmigrantes han sufrido las consecuencias de la explotación de estos empresarios, en las cinco obras que tenían en marcha en la zona sur de la región y en la capital. Las investigaciones continúan abiertas porque no se descarta que pudiera haber más personas implicadas en esta red de inmigración ilegal.
Los dos detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Alcorcón y fueron puestos en libertad, según explicaron ayer fuentes policiales.