Detenidos en Madrid un constructor y su hija acusados de explotar a 30 inmigrantes bolivianos
Un constructor de Alcorcón (Madrid), Julio G. G., de 48 años, y su hija, María Aranzazu G. A., de 24, han sido detenidos por agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid acusados de haber explotado laboralmente a 30 inmigrantes procedentes de Bolivia y de haber participado en una red de inmigracion ilegal. Los agentes encargados de la investigación no descartan que surjan denuncias de más trabajadores.
Las investigaciones comenzaron hace unos meses, cuando varios inmigrantes bolivianos denunciaron en la Brigada de Extranjería y Docume...
Un constructor de Alcorcón (Madrid), Julio G. G., de 48 años, y su hija, María Aranzazu G. A., de 24, han sido detenidos por agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid acusados de haber explotado laboralmente a 30 inmigrantes procedentes de Bolivia y de haber participado en una red de inmigracion ilegal. Los agentes encargados de la investigación no descartan que surjan denuncias de más trabajadores.
Las investigaciones comenzaron hace unos meses, cuando varios inmigrantes bolivianos denunciaron en la Brigada de Extranjería y Documentación los abusos que estaba cometiendo con ellos su patrón. El dueño de la empresa, Julio G. G., se había negado en todo momento a hacerles contratos de trabajo. También se había negado a darlos de alta en la Seguridad Social y les obligaba a trabajar 12 horas al día como mínimo. Además, por este trabajo no llegaban a cobrar en más de una ocasión ni el salario mínimo interprofesional (72.120 pesetas al mes), según informó ayer la Jefatura Superior de Policía. Los denunciantes también declararon que la mayoría de las veces el empresario se negaba a pargarles y que, cuando lo hacía, les había entregado cheques que carecían de fondos.
La empresa, que estaba radicada en la calle de la Princesa (en la zona centro de Alcorcón), se dedicaba a la construcción. Julio G. G. había formado una sociedad con su hija María Aranzazu G. A., en la que el máximo responsable era él. Ahora tenían cinco obras en la capital, Fuenlabrada y el propio Alcorcón, según la versión policial. Los agentes descubrieron que la firma
se centraba en inmigrantes bolivianos, ya que disponía de un contacto en el país de origen. Les prometían un puesto de trabajo en la construcción y bien remunerado. A su llegada a España se encontraban con una realidad bien distinta: Les obligaba a trabajar 12 horas al día con la esperanza de recibir el dinero que les habían prometido en Bolivia.