El Gobierno prepara una ley para culminar el proceso autonómico

El Gobierno quiere proceder a un cierre ordenado del proceso autonómico y zanjar en los próximos meses los principales asuntos todavía pendientes, según el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. Para ello, el Ejecutivo pretende aprobar una ley de cooperación autonómica, que culminaría el diseño del Estado de las autonomías, una vez que logre un acuerdo con las comunidades sobre su nuevo modelo de financiación. El Gobierno quiere que sea estable y duradero. Es decir, no sujeto a revisión cada cinco años, como prevé ahora la Ley de Orgánica de Financiación de las Co...

El Gobierno quiere proceder a un cierre ordenado del proceso autonómico y zanjar en los próximos meses los principales asuntos todavía pendientes, según el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. Para ello, el Ejecutivo pretende aprobar una ley de cooperación autonómica, que culminaría el diseño del Estado de las autonomías, una vez que logre un acuerdo con las comunidades sobre su nuevo modelo de financiación. El Gobierno quiere que sea estable y duradero. Es decir, no sujeto a revisión cada cinco años, como prevé ahora la Ley de Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El próximo verano es el plazo que se ha dado el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en materia de financiación e inmediatamente después abordará el proyecto de ley de cooperación, sobre el que ya dispone de un diseño general, abierto a la negociación con partidos y comunidades autónomas.

El proyecto de ley pretende resolver los flecos pendientes del Estado de las autonomías, así como la ausencia de una reforma profunda que haga del Senado una verdadera Cámara territorial, según señala Elorriaga.

El primer asunto pendiente es la regulación por ley de las competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades. Elorriaga detecta una falta de 'doctrina jurídica' para resolver el problema de competencias compartidas que, según la Constitución, son exclusivas del Estado, pero cuyo desarrollo corresponde a algunas comunidades, según sus estatutos.

Otro aspecto que quiere resolver este proyecto es la cooperación entre las autonomías a través de la potenciación de las conferencias sectoriales. Elorriaga detecta un 'funcionamiento poco eficaz' de la treintena que existente, pese a que se trata de 'un instrumento clave en un Estado tan descentralizado como el español'. Algunas, como la de Cultura, no se reúnen y otras tan importantes como la de Asuntos Europeos o el Consejo de Política Fiscal y Financiera mantienen una vida política muy precaria.

Otra cuestión clave no resuelta, como es la participación de las comunidades en las instancias europeas -desde los grupos de apoyo y comités hasta el Consejo de Ministros de la Unión-, también se abordaría en esta ley. Aunque está legalmente admitida dicha participación, la ausencia de acuerdo entre las comunidades autónomas impide regular su representación, según Elorriaga.

La ley de cooperación también pretende regular la Conferencia de Presidentes Autonómicos -un órgano de encuentro de los presidentes de las comunidades-, reclamada múltiples veces por la oposición y que la reforma reglamentaria del Senado, que tiene diseñada el PP, no resuelve porque los presidentes podrán acudir a la Cámara alta con voz, pero sin voto.