Absuelto de homicidio el acusado de provocar la muerte del cabo de Barbate
El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz absolvió ayer a Francisco Javier Alvarado de homicidio imprudente, del que fue acusado por la Fiscalía y las acusaciones particular y popular (Ayuntamiento de Barbate), que entendían que el procesado agredió al cabo de la Policía Local Diego Pérez durante un control de tráfico, el 24 de septiembre del pasado año, y le provocó la muerte. El juez lo condena por atentado a un agente de la autoridad y falta de imprudencia simple con resultado de muerte a dos años de prisión, una multa de 45.000 pesetas y a pagar una indemnización de 15 millones para la fa...
El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz absolvió ayer a Francisco Javier Alvarado de homicidio imprudente, del que fue acusado por la Fiscalía y las acusaciones particular y popular (Ayuntamiento de Barbate), que entendían que el procesado agredió al cabo de la Policía Local Diego Pérez durante un control de tráfico, el 24 de septiembre del pasado año, y le provocó la muerte. El juez lo condena por atentado a un agente de la autoridad y falta de imprudencia simple con resultado de muerte a dos años de prisión, una multa de 45.000 pesetas y a pagar una indemnización de 15 millones para la familia de la víctima.
El condenado salió ayer de la cárcel de Puerto II, en El Puerto de Santa María, después de pasar seis meses en prisión preventiva, porque la condena no es superior a dos años y el acusado carece de antecentes previos, tal y como establece la ley.
La vista oral estuvo marcada por las contradicciones de los policías locales, que no coincidieron ni en el lugar ni en las circunstancias que rodearon la supuesta agresión. También introdujeron dudas los forenses que efectuaron la autopsia, ya que admitieron que el cabo pudo fallecer por causas diferentes a una agresión. La defensa sostuvo que su cliente no agredió al agente y que éste falleció como consecuencia de un infarto de miocardio.
El fallecimiento de este agente desencadenó la reacción de la sociedad barbateña, que denunció en varias manifestaciones la inseguridad en el municipio. A raíz de este caso, el Ministerio del Interior estableció un dispositivo especial de seguridad.