¿Había que cambiar el código de las carreteras?

¿Qué gestiones informativas y divulgativas ha planificado la Dirección General de Carreteras con el sector industrial y comercial, transportistas, usuarios, administraciones locales y comarcales, así como con las empresas de localizadores GPS y las editoriales de mapas de España y Europa? Esta pregunta es una de las que ha presentado la oposición (en este caso el Partido Popular) en el Parlament sobre la nueva nomenclatura de las carreteras catalanas, que se empezó a aplicar hace unas semanas y aún está en fase de implantación.

La diputada Dolors Montserrat, que firma la pregunta, expli...

¿Qué gestiones informativas y divulgativas ha planificado la Dirección General de Carreteras con el sector industrial y comercial, transportistas, usuarios, administraciones locales y comarcales, así como con las empresas de localizadores GPS y las editoriales de mapas de España y Europa? Esta pregunta es una de las que ha presentado la oposición (en este caso el Partido Popular) en el Parlament sobre la nueva nomenclatura de las carreteras catalanas, que se empezó a aplicar hace unas semanas y aún está en fase de implantación.

La diputada Dolors Montserrat, que firma la pregunta, explica que ella misma ha visto camiones parados en rotondas con sus conductores desorientados porque las señales de carreteras no coinciden con sus mapas.

La decisión del Gobierno catalán se basa en la necesidad de adaptar la nomenclatura al presente. Sus responsables explican que la denominación antigua (que data de 1940) ha perdido sentido. Hay carreteras nacionales que son locales. Un ejemplo es la antigua N-150 entre Sabadell y Terrassa. La N indicaba que era una vía de largo recorrido, pero hoy es una vía local. El Departamento de Política Territorial, responsable directo de la nueva denominación, defiende que el sistema adoptado actualiza otro desfasado, con referencias a una red que nada tiene que ver con la actual y con jerarquías de carreteras de uso inadecuado. Además, añaden los responsables de carreteras, tarde o temprano hubiera habido que reorganizar el sistema de numeración kilométrica, que ha cambiado totalmente.

Las críticas de la oposición son de dos tipos: unas, de calibre grueso, niegan la utilidad del cambio; otras, de detalle, aseguran que, en el caso de que el Gobierno demostrara la conveniencia del cambio, debería haberlo hecho de otro modo.

Los estudios de campo indican que los conductores habituales a lo sumo se guían por el indicativo de ciudad o país. No miran los códigos de las carreteras. Nombres, por lo demás, arbitrarios, como no puede ser de otro modo en un sistema de denominación artificial (término usado aquí en oposición a los llamados lenguajes naturales). Los conductores que miran el mapa y buscan el código para orientarse son, sobre todo, turistas, los cuales alcanzan un porcentaje nada desdeñable en un territorio como el catalán, destino y zona de paso para millones de conductores extranjeros. A ese conductor de poco le sirve saber que C significa que la carretera se halla bajo la administración del Gobierno de la Generalitat. Posiblemente preferiría que todas las autopistas empezaran por A. Pero ya no será el caso. Esta letra sólo la utilizarán las autopistas dependientes del Gobierno central. Esto hace, por ejemplo, que quien circule por la antigua N-152 en dirección a Barcelona se tope de pronto con un indicador para dos opciones. Es la misma vía pero hacia Girona se llama A-7, y hacia Barcelona, C-33.

El segundo bloque de críticas tiene que ver con los modos. Oposición y usuarios dicen que, puestos a hacer el cambio, hubiera sido imprescindible poner antes a disposición de los usuarios la información correspondiente y luego mantener un periodo de adaptación en el que convivieran las dos denominaciones. El Gobierno catalán sostiene, por el contrario, que se ha hecho con publicidad suficiente porque la medida fue anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) en octubre y que es mucho mejor aplicarla de golpe que a plazos.