Urbanismo de Málaga pagará 41 millones por una expropiación que valoró en cuatro
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Málaga a pagar 41 millones de pesetas a los propietarios de un inmueble en la barriada de El Perchel que Urbanismo expropió en 1998, dentro del plan de rehabilitación de esta zona.
Urbanismo ocupó la finca abonando a sus propietarios 755.189 pesetas, y nueve años después, fijó el precio de la parcela en 4.117.231 pesetas. Ahora, tras 13 años de litigio, el Consistorio malagueño deberá hacer frente al pago de una cantidad que multiplica por diez la val...
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Málaga a pagar 41 millones de pesetas a los propietarios de un inmueble en la barriada de El Perchel que Urbanismo expropió en 1998, dentro del plan de rehabilitación de esta zona.
Urbanismo ocupó la finca abonando a sus propietarios 755.189 pesetas, y nueve años después, fijó el precio de la parcela en 4.117.231 pesetas. Ahora, tras 13 años de litigio, el Consistorio malagueño deberá hacer frente al pago de una cantidad que multiplica por diez la valoración inicial, y que incluye además 20 millones -la mitad de los que tiene que pagar- en concepto de intereses de demora, ante el retraso en hacer frente al abono.
Se trata de un edificio de la calle Pasillo de Guimbarda, que se vio afectado por el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Perchel Alto, una actuación municipal con financiación de la Junta para rehabilitar este degradado barrio malagueño.
En 1988 Urbanismo inició el proceso de expropiación de este edificio, propiedad de la familia Mayoral Girauta, ocupándolo tras abonar un depósito previo de 755.189 pesetas. En febrero de 1993, siete años después, este mismo departamento municipal fijó el precio de la parcela en 4.872.240 pesetas, que no les fueron abonadas a sus propietarios hasta julio de 1997.
Previamente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa confirmó el justiprecio fijado por el consistorio, después de que los propietarios presentaran un recurso ante este organismo al no estar de acuerdo con la cuantía.
Los propietarios siguieron pleiteando y recurrieron ante el TSJA que, en una sentencia notificada al consistorio el 16 de diciembre de 2000, les daba la razón, y fijaba el precio de la finca expropiada en 21.429.388 pesetas. Una cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora por el retraso en el pago, intereses que ascienden a una cantidad prácticamente similar: 20.820.616 pesetas. El consejo de la Gerencia de Urbanismo del próximo lunes aprobará el abono de estas cantidades, una vez conocida la resolución del TSJA, según informaron fuentes municipales.
El pago de altos intereses de demora tras largos litigios judiciales por expropiaciones municipales es un hecho habitual en el consistorio malagueño.