Bruselas debate si da cobertura legal al mecanismo de la 'acción de oro'
La Comisión Europea debatirá en las próximas semanas si la UE debe imponer unas normas comunitarias que, a efectos prácticos, tendrían consecuencias similares a la denominada acción de oro, la fórmula utilizada por algunos Gobiernos para impedir que empresas extranjeras pasen a controlar sociedades privatizadas.
El Ejecutivo comunitario ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a seis países europeos, entre ellos España, por usar la acción de oro, pero en el seno de la propia Comisión hay fuertes divergencias, que serán analizadas en breve.
El debate pendiente fue...
La Comisión Europea debatirá en las próximas semanas si la UE debe imponer unas normas comunitarias que, a efectos prácticos, tendrían consecuencias similares a la denominada acción de oro, la fórmula utilizada por algunos Gobiernos para impedir que empresas extranjeras pasen a controlar sociedades privatizadas.
El Ejecutivo comunitario ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a seis países europeos, entre ellos España, por usar la acción de oro, pero en el seno de la propia Comisión hay fuertes divergencias, que serán analizadas en breve.
El debate pendiente fue propuesto por la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, en julio pasado y ha sido postergado en tres ocasiones, la última el pasado enero. Ahora, De Palacio ha instado al comisario de Comercio Interior, el holandés Frits Bolkestein, a que abra cuanto antes la discusión. Es precisamente Bolkestein, junto con el comisario de la Competencia, el italiano Mario Monti, el que mantiene tesis radicalmente opuestas a las manifestadas hasta ahora por la vicepresidenta española.
Estos dos comisarios sostienen que en ningún caso se pueden poner trabas al principio de libertad de mercado y de movimiento de capitales, con independencia de que las empresas afectadas sean públicas o privadas. Loyola de Palacio no rechaza ese principio, pero argumenta que empresas privatizadas de sectores estratégicos como los de energía o comunicaciones están en inferioridad de condiciones con respecto a las sociedades de capital público que están retrasando la privatización y la liberalización del mercado correspondiente.
Veto a plazo
Por eso, Loyola de Palacio, como algunos técnicos de la Dirección General de Energía y de otras comisarías, son partidarios de elaborar una norma según la cual los Gobiernos que hayan privatizado empresas de ese tipo dispongan de un plazo (dos o tres años) en el que tengan capacidad de autorizar o vetar operaciones desde el exterior para controlar esas sociedades. La propuesta será analizada en cuanto Bolkestein presente su propio informe para abrir el mencionado debate.
Entretanto, el Tribunal de Luxemburgo sigue analizando las denuncias presentadas por la Comisión contra España, Holanda, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica y Francia. El Ejecutivo comunitario decidió en su momento por mayoría acudir al Tribunal. Pese a todo, el Gobierno español sigue utilizando el mecanismo de la acción de oro, convertido en norma legal en la Ley de Acompañamiento de 2000, y ya ha anunciado que prevé implantarlo también para la compañía Iberia pese a las advertencias de Bolkestein al respecto.
El caso más concreto en el que el Gobierno español hizo valer la existencia de la acción de oro se produjo hace un año, cuando hizo abortar la fusión entre la holandesa KPN, con cerca de un 40% de capital público, y Telefónica.