Poder, lengua corsa y fiscalidad
Por difícil que resulte comprenderlo en un país como España, dotado de comunidades autónomas con Parlamento y Gobierno propios, 4 de los 51 artículos de que consta el proyecto de ley francés sobre Córcega han suscitado las reservas del Consejo de Estado y de Jacques Chirac. Estos son los puntos sensibles:
- Poder político. La Asamblea de Córcega podría 'modificar o adaptar' disposiciones legislativas o reglamentarias que se refieran a Córcega, así como todas las normas sobre el desarrollo económico, social y cultural de la isla. También se concedería a la Asamblea corsa el derec...
Por difícil que resulte comprenderlo en un país como España, dotado de comunidades autónomas con Parlamento y Gobierno propios, 4 de los 51 artículos de que consta el proyecto de ley francés sobre Córcega han suscitado las reservas del Consejo de Estado y de Jacques Chirac. Estos son los puntos sensibles:
- Poder político. La Asamblea de Córcega podría 'modificar o adaptar' disposiciones legislativas o reglamentarias que se refieran a Córcega, así como todas las normas sobre el desarrollo económico, social y cultural de la isla. También se concedería a la Asamblea corsa el derecho de 'adaptar' a 'las especificidades de la isla' las disposiciones legislativas de difícil aplicación en Córcega. El Parlamento francés se reserva la facultad final de 'confirmar, modificar o aplazar' las normas emanadas del órgano corso, lo que constituye una prueba del reducido poder atribuido a esa autonomía.
- Lengua corsa. El proyecto prevé enseñar la lengua corsa a todos los alumnos desde el grado preescolar, 'salvo voluntad en contra de los padres o del representante legal del niño'. El hecho de que los padres hayan de tomar una iniciativa equivale, para el Consejo de Estado, a establecer la obligatoriedad de aprender el corso. Sin embargo, la introducción de la lengua tahitiana en las escuelas francesas de Polinesia -sin mención alguna a la posibilidad de los padres de negarse- no suscitó reserva alguna del Consejo Constitucional en 1996.
- Fiscalidad. No pagarían ciertos impuestos las pequeñas y medianas empresas que inviertan en Córcega en los sectores de hostelería, nuevas tecnologías, energía (salvo la distribución), comercio y actividades industriales. El proyecto fija un mecanismo progresivo, de 15 años, para el retorno al derecho común de los derechos de sucesión sobre bienes inmuebles, de los que los corsos llevan exonerados dos siglos. Para el Consejo de Estado, esta disposición mantiene demasiado tiempo la 'discriminación' entre los herederos de bienes situados en Córcega y en el continente.
- Urbanismo. El Consejo de Estado critica la concesión de poderes a la Asamblea de Córcega para legalizar las construcciones provisionales que salpican el litoral de la isla.