El Colegio de Abogados de Barcelona se ofrece como mediador entre los 700 encerrados y el Gobierno
El Colegio de Abogados de Barcelona se ofreció ayer como mediador entre los 700 inmigrantes encerrados en ocho iglesias de la ciudad y la Delegación del Gobierno después que el Síndic de Greuges, equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña, Anton Cañellas, renunciara a seguir la mediación iniciada el pasado jueves. Los inmigrantes valoraron el ofrecimiento de los abogados, aunque optaron por flexibilizar sus demandas para permitir que el síndic continuara con su mediación. Sin embargo, éste se reafirmó en su negativa y recomendó a los inmigrantes que negocien directamente con la Delegación ...
El Colegio de Abogados de Barcelona se ofreció ayer como mediador entre los 700 inmigrantes encerrados en ocho iglesias de la ciudad y la Delegación del Gobierno después que el Síndic de Greuges, equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña, Anton Cañellas, renunciara a seguir la mediación iniciada el pasado jueves. Los inmigrantes valoraron el ofrecimiento de los abogados, aunque optaron por flexibilizar sus demandas para permitir que el síndic continuara con su mediación. Sin embargo, éste se reafirmó en su negativa y recomendó a los inmigrantes que negocien directamente con la Delegación del Gobierno.
Para evitar la retirada del síndic, los representantes de los encerrados cedieron en parte en sus reivindicaciones iniciales y accedieron a no estar presentes en la comisión técnica que se creará para desarrollar el pacto. Finalmente, serán tres juristas los que representen a los encerrados.
La oferta de mediación del Colegio de Abogados no fue bien recibida por la Delegación del Gobierno, que considera a los letrados parte implicada en el conflicto. 'Una institución que representa legalmente a una parte de los inmigrantes encerrados difícilmente puede actuar como mediadora', afirmó un portavoz de la delegación. El vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol, afirmó que, en caso de iniciar una mediación, esta institución velará por que se apliquen a los inmigrantes todos los supuestos de la Ley de Extranjería que pueden serles beneficiosos. Xiol aseguró que 'la actual ley puede solucionar el encierro, sólo falta voluntad para aplicarla sin restricciones'.
Pese a la renuncia del Defensor del Pueblo, tanto los inmigrantes como el Gobierno continúan considerando válido el acuerdo firmado el pasado viernes. En este pacto, que no contempla ninguna cifra de regularizaciones, el Gobierno se compromete a no perseguir a los encerrados y a aplicar la Ley de Extranjería con la máxima generosidad.
Mientras tanto, la tensión entre los encerrados es cada vez mayor, lo que se está traduciendo en numerosos altercados dentro de las iglesias. Además, un grupo de inmigrantes advirtió al Gobierno de que si no se retoma el diálogo harán otra huelga de hambre.
El conflicto entre los inmigrantes y la Delegación del Gobierno llegó ayer al Parlamento de Cataluña. Todos los grupos de izquierda presentes en la Cámara reprocharon al Gobierno de CiU su pasividad ante el conflicto y corresponsabilizaron de la situación a la coalición nacionalista al recordar que CiU secundó en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el consejero jefe de su Gobierno, Artur Mas, tuvieron que dar cuenta en el pleno de ayer a la actuación del Ejecutivo autonómico ante la huelga de hambre de los inmigrantes y coincidieron en reclamar más competencias en el proceso de regularización.