Columna

Funcionarios

Hace dos años, UGT y CCOO presentaron una campaña para conseguir las 35 horas de trabajo semanal. Recuerdo todavía la impresión que me causó ver colgado el cartel que ponía 'A por las 35 horas' en un centro público donde el personal al cual se dirigía la propaganda trabajaba... ¡32 ó 33 horas semanales! Ese cartel debía haberse puesto en un gran centro comercial, o en polígonos industriales, no en las oficinas públicas. Hay propuestas políticas que por el momento y las condiciones en que se presentan merecen el título de incomprensibles. La semana pasada, la secretaría de Igualdad de la Ejecut...

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Hace dos años, UGT y CCOO presentaron una campaña para conseguir las 35 horas de trabajo semanal. Recuerdo todavía la impresión que me causó ver colgado el cartel que ponía 'A por las 35 horas' en un centro público donde el personal al cual se dirigía la propaganda trabajaba... ¡32 ó 33 horas semanales! Ese cartel debía haberse puesto en un gran centro comercial, o en polígonos industriales, no en las oficinas públicas. Hay propuestas políticas que por el momento y las condiciones en que se presentan merecen el título de incomprensibles. La semana pasada, la secretaría de Igualdad de la Ejecutiva andaluza socialista presentó una sugerencia consistente en reconocer un horario flexible para los funcionarios a fin de permitirles la posibilidad de 'llevar a los niños al colegio y hacer la compra'. En este caso es incoherente que por parte de la dirección socialista se proponga que sean los funcionarios los que dispongan de flexibilidad horaria para esos asuntos precisamente. ¿Y por qué no empezar por los trabajadores de la banca, o los conductores de transportes urbanos, o las empleadas de El Corte Inglés? ¿Qué especial código genético laboral tienen los funcionarios para que sean ellos los destinatarios de estas ofertas del partido del gobierno andaluz?

Conviene que los dirigentes sean más precavidos y piensen mejor las propuestas. No se me ocurre cómo esa medida puede llevarse a efecto sin que antes los sindicatos de la función pública la hagan suya y la negocien con la Consejería co-rrespondiente. No quiero pensar que, como en el asunto de la congelación salarial, no se quiera negociar con los sindicatos, únicos sujetos capaces de pactar las condiciones de trabajo con el empresario, aunque éste se llame Administración pública.

Precisamente porque existe en la sociedad la creencia de ver al funcionario público como asalariado privilegiado, al tener trabajo estable y seguro, no se puede caer ni en el error Rajoy de despreciar la obligación de negociar sus salarios ni en el síndrome paternalista de ofrecer desde el poder ventajas y prebendas que otros sectores deben conseguir de otros modos. Uno puede entender, por su número y responsabilidad, la importancia de los funcionarios en la Administración pública andaluza pero no hasta el punto de ser destinatarios de políticas sociales privilegiadas desde el poder.

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