El número de altos cargos de la Generalitat se dispara y aumenta el 35% en dos años

Tras las últimas elecciones autonómicas, celebradas en octubre de 1999, Jordi Pujol diseñó un gobierno con dos macrodepartamentos, Economía y Gobernación, para que los dos candidatos a sucederle, Artur Mas y Josep Antoni Duran, demostraran sus habilidades. También creó dos nuevos departamentos: Interior y Universidades e Investigación.

El aumento de altos cargos, no obstante, no se limitó a estos departamentos, sino que también afectó a Agricultura, Bienestar Social, Justicia, Medio Ambiente, Política Territorial, Presidencia y Sanidad. La única consejería que en este periodo ha reducid...

Tras las últimas elecciones autonómicas, celebradas en octubre de 1999, Jordi Pujol diseñó un gobierno con dos macrodepartamentos, Economía y Gobernación, para que los dos candidatos a sucederle, Artur Mas y Josep Antoni Duran, demostraran sus habilidades. También creó dos nuevos departamentos: Interior y Universidades e Investigación.

El aumento de altos cargos, no obstante, no se limitó a estos departamentos, sino que también afectó a Agricultura, Bienestar Social, Justicia, Medio Ambiente, Política Territorial, Presidencia y Sanidad. La única consejería que en este periodo ha reducido el número de altos cargos, entendiendo como tales sólo a secretarios y directores generales, es Industria.

El presupuesto para el año 2001 prevé destinar 3.325 millones de pesetas al pago de altos cargos, lo que representa el 10% más que al año anterior. Ridao consideró ayer injustificado el incremento de altos cargos y consideró que responde a una 'creciente politización de la Administración'. En los últimos dos años, además, el Gobierno de la Generalitat apenas ha asumido nuevas competencias.

Un portavoz de la Secretaría General de Administración y Función Pública, adscrita al departamento de Gobernación, justificó el crecimiento del número de altos cargos por la creación de nuevas consejerías y de nuevas secretarías con el fin de afrontar los nuevos retos del Gobierno, por ejemplo ante el fenómeno de la inmigración. Gobernación admite el aumento del número de altos cargos, pero lo limita al 16% utilizando otro criterio para definir a quién puede considerarse como tal.

Los datos de la Generalitat, que incluyen también a los secretarios sectoriales y asimilados, reflejan que en dos años se ha pasado de 116 a 135 altos cargos, lo que supone un aumento del 16,3%.

La reducción del número de altos cargos suele ser una de las promesas habituales en todas las campañas electorales, pero rara vez se llevan finalmente a la práctica. El Partido Popular (PP), por ejemplo, se comprometió a reducir sensiblemente su número en la campaña electoral de 1996, la que le llevó al Gobierno. En la primera legislatura lo hizo -disminuyeron el 10%-, pero tras vencer por mayoría absoluta en los comicios del año pasado ha vuelto a situar el número de altos cargos en el umbral donde lo dejó el Gobierno del PSOE.

Sueldo de Pujol

El sueldo de los altos cargos de la Administración catalana son, no obstante, más bajos que sus equivalentes en el Gobierno español, con la excepción de lo que percibe el presidente. Según los datos publicados en los presupuestos, el presidente de la Generalitat tiene un sueldo base de 14,9 millones de pesetas anuales, mientras que el presidente del Gobierno central obtiene 13 millones. A estas cantidades hay que sumarle dietas y otros complementos.

El informe de Ridao considera casi imposible conocer el número total de asesores y de cargos de confianza del Gobierno catalán, aunque asegura que su número también ha crecido y se acerca a los 190. Entre ellos se cita al escritor Baltasar Porcel, que sigue vinculado a la Generalitat como asesor en materia exterior y responsable del Premio Internacional Catalunya.

Esquerra ha presentado una proposición de ley para establecer mecanismos de control a estos nombramientos, cuya toma en consideración será debatida la próxima semana.

La proposición de Esquerra pide elaborar un listado sobre qué categorías deben considerarse altos cargos. Además, reclama crear una comisión parlamentaria que, siguiendo el esquema de Estados Unidos, tenga la capacidad de evaluar, aunque no vetar, algunos nombramientos.