El PP bloqueará en las Cortes el pago de los atrasos a funcionarios

El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta como último recurso para impedir que el Parlamento apruebe un crédito extraordinario que permita abonar a los funcionarios los atrasos que les acaba de reconocer la Audiencia Nacional. La reciente sentencia que declara nula la congelación salarial impuesta por el Gobierno del PP en 1997, pese al pacto que los sindicatos habían suscrito con el anterior Ejecutivo socialista, obliga a la Administración central al abono de al menos 260.000 millones de pesetas. El Gobierno confía en que el Supremo rectifique a la Audiencia, pero no descarta llegar al...

El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta como último recurso para impedir que el Parlamento apruebe un crédito extraordinario que permita abonar a los funcionarios los atrasos que les acaba de reconocer la Audiencia Nacional. La reciente sentencia que declara nula la congelación salarial impuesta por el Gobierno del PP en 1997, pese al pacto que los sindicatos habían suscrito con el anterior Ejecutivo socialista, obliga a la Administración central al abono de al menos 260.000 millones de pesetas. El Gobierno confía en que el Supremo rectifique a la Audiencia, pero no descarta llegar al extremo de bloquear el pago de la deuda en las Cortes.

El Gobierno pedirá esta semana a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que le admita un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la intención de anular la sentencia que declara nula la congelación salarial impuesta a los funcionarios en los Presupuestos de 1997. El Gobierno central basa su estrategia precisamente en lo que pueda decir el Supremo, pero tampoco descarta hacer uso de su mayoría absoluta en el Parlamento para, llegado el caso, forzar la intervención del Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, subraya que la intención del partido en el Gobierno es lograr que los jueces no resten competencias a las Cortes. Argumenta que para pagar a los funcionarios el Ejecutivo tendría que pedir la aprobación de un crédito extraordinario. '¡Cómo van a aprobar las Cortes un crédito que modifique una ley de Presupuestos aprobada por el propio Parlamento!', exclama González Pons. En su criterio, la sentencia de la Audiencia obliga a la Administración, pero no a las Cortes soberanas, que, con la mayoría absoluta del PP, lucharán por sus 'derechos constitucionales'.

En línea con este discurso, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, reiteró ayer que el Gobierno no abrirá ninguna negociación con los sindicatos, que ya han anunciado campañas de protesta.