El poder de la impotencia
La relación entre economía, Estado y movimientos sociales siempre fue un juego de poder. Las reglas estaban controladas por el Estado de la nación y por ello eran más o menos perceptibles para el individuo particular. Así era antes, pero el nuevo mundo digital no tiene por qué atenerse a las fronteras estatales. Sobre todo, la economía ha roto la jaula del juego de poder dominado por el Estado de la nación y ha descubierto nuevas salidas para este juego del poder. Es como si se hubieran inventado nuevas reglas para el juego del ajedrez. Bajo las condiciones de movilidad de las tecnologías de l...
La relación entre economía, Estado y movimientos sociales siempre fue un juego de poder. Las reglas estaban controladas por el Estado de la nación y por ello eran más o menos perceptibles para el individuo particular. Así era antes, pero el nuevo mundo digital no tiene por qué atenerse a las fronteras estatales. Sobre todo, la economía ha roto la jaula del juego de poder dominado por el Estado de la nación y ha descubierto nuevas salidas para este juego del poder. Es como si se hubieran inventado nuevas reglas para el juego del ajedrez. Bajo las condiciones de movilidad de las tecnologías de la información, el peón -la economía- se convierte de repente en alfil, pudiendo incluso atacar al rey -el Estado- y hacerle un jaque mate.
La economía global emplea para ello su medio de poder más eficaz: las inversiones. 'Perdonamos a los cruzados y que vengan los inversores', decía en sus titulares un periódico de Europa del Este con motivo de la visita del canciller alemán. La inversión exacta de la idea clásica de dominio maximiza el poder de las empresas multinacionales. El medio coercitivo no es la invasión amenazadora, sino la amenazadora no-invasión de los inversores o su amenazador abandono. Sólo hay una cosa peor que ser arrollado por las multinacionales: no ser arrollado por ellas.
Esta forma de dominio ya no está ligada a la ejecución de órdenes, sino a la posibilidad de invertir de manera diferente -en otros países- de forma más rentable. Con ello se crea un nuevo tipo de amenazadores bastidores: no hacer algo, es decir, dejar de invertir en ese país. En este sentido, el nuevo poder de los consorcios no está basado sobre algo tan pasado de moda como el poder como última ratio para imponer a los demás la voluntad propia. Este poder es móvil, independiente del lugar donde se encuentre y, por consecuencia, 'de aplicación global'. Una no-conquista premeditada -ese 'No' invisible, carente de violencia y plenamente intencionado de la renuncia- ni está sujeto a acuerdo ni es apto para el acuerdo.
Consecuentemente, 'Gobernar' tiene lugar también de forma cada vez más privada. 'Estamos escribiendo los estatutos de una economía global y única', presagiaba en este sentido el director general de la Organización Mundial del Comercio en el año 1997, Renato Ruggerio. Según esto, las reformas políticas deben orientarse, a nivel mundial, por los baremos de los objetivos económicos: una baja inflación, unos presupuestos equilibrados, el desmantelamiento de las barreras comerciales y los controles de divisas, una máxima libertad para el capital, una regulación mínima del mercado de trabajo y un Estado del bienestar esbelto y con capacidad de adaptación, que instigue a sus ciudadanos al trabajo; éstos son los objetivos de reforma del neoliberalismo que actúa a nivel mundial. De este modo, el dominio económico puede seguir siendo 'apolítico', ya que la adaptación a los mercados financieros de la globalización se ha convertido en el compás interno de la política supuestamente 'reinante'.
Las empresas multinacionales, así como la Organización Mundial del Comercio, se convierten en este sentido en 'semiestados', con una consecuencia fundamental: en su calidad de semiestados, esas empresas tienen que adoptar también decisiones semipolíticas, como hoy en día se ve, claramente, en la tecnología genética, por ejemplo. Las cuestiones de si está permitido, y bajo qué circunstancias, experimentar con el material genético de los animales, e incluso de los hombres, son temas políticos absolutamente neurálgicos. En la realidad, los gobiernos nacionales son, si acaso, asesores en esa clase de cuestiones. La ejecutiva de los consorcios adopta finalmente sus decisiones sin su consentimiento y las ejecuta también del mismo modo. Si a una institución nacional se le ocurriera restringir el ámbito de actuación de una empresa, ésta se buscará otro lugar donde actuar. La cuestión ya no es, por tanto, si algo se puede hacer o no, sino simplemente, dónde realizarlo.
Por consiguiente, los agentes de la economía mundial adoptan decisiones políticas sin una legitimación político-democrática. Este vacío de legitimación es, por otro lado, una fuente de poder para los movimientos sociales. Éste es el punto en el que se centran. El movimiento contra la globalización, a pesar de no estar tampoco organizado ni legitimado democráticamente, es, para muchos, una especie de movimiento a lo Robin Hood. Por ejemplo, si se pregunta a los jóvenes cuáles son los agentes políticos que más estiman, conceden a los movimientos de este tipo -Greenpeace o Amnistía Internacional- los mejores puestos. Ello quiere decir que hay una paradoja entre poder y legitimación: los consorcios internacionales disponen de un gran poder y de una escasa legitimación. Los movimientos sociales, por el contrario, sólo tienen un reducido poder, pero una legitimación alta. Y el ritmo acelerado de la interconexión económica mundial acelera la caída de la legitimación de los nuevos amos.
Esta pérdida de legitimación del poder económico mundial representa un considerable potencial de politización. La carencia crónica de legitimación hace extremadamente frágiles a los mercados mundiales, ya que también los grandes consorcios están sometidos a relaciones de dependencia. Cuanto más se emancipen de los votantes o de las instituciones estatales, tanto más dependientes se harán de los consumidores, de los clientes y de los mercados. La credibilidad se convierte en un capital decisivo, pues los mercados mundiales dan por sentada la existencia de confianza de la opinión pública y de los consumidores. Como pongan en juego su confianza -tal y como le está ocurriendo actualmente a parte de la industria internacional de la alimentación con sus productos cárnicos- se puede poner en peligro la existencia de mercados enteros. La fragilidad de la confianza en los mercados de consumo globales muestra la fragilidad de la legitimación de los consorcios de actuación mundial. Éste es su talón de Aquiles.
Ésas son las miras de los movimientos sociales y también de los manifestantes que han alzado su voz en el congreso de Davos. Los programas informativos nocturnos en las televisiones mundiales pueden hacer que estas estrategias de provocación de los movimientos sociales obtengan muchas oportunidades y adquieran un gran poder. Las redes quieren poner al descubierto ante la opinión pública, con alfilerazos informativos, la contradicción que existe entre la maximización del poder económico mundial y la minimización de la legitimación del poder económico mundial.
Para las redes sociales, se tra-ta de cuestiones esenciales para la humanidad: la destrucción del medio ambiente, los peligros económicos a nivel mundial, los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos y la pobreza global no son 'asuntos internos' de los Estados nacionales o de los consorcios internacionales. Por esa razón, es legítimo mezclarse en ellos. Por todas partes, a nivel mundial. Aunque los distintos grupos, y especialmente los del movimiento contra la globalización, sigan peleando resueltos por el proteccionismo y en contra de una interconexión mundial de la economía, su propio compromiso tampoco puede detenerse ante límites fronterizos. La lucha contra la globalización hace ya mucho que se convirtió en una lucha globalizada. Sólo su actuación dentro de una red mundial hace que los movimientos sociales se conviertan en la única oposición política a tomar en serio dentro del ámbito del dominio de la economía mundial. Los consorcios frente a los movimientos; éstos son los dos grandes bloques que se enfrentan a nivel internacional.
Para ello, el único instrumento de poder del que se pueden servir estas redes es la honestidad. En un mundo en el que se miente por principio, y no sólo ocasionalmente, todo aquel que diga lo que hay es peligroso. Los Estados y consorcios suelen tener un trato estratégico con la verdad, es decir, solapan las realidades que les perjudican, y propagan aquellas con las que se prometen obtener ventajas. Para este cometido se sostiene un aparato enorme y costoso. En su contra, el 'poder de legitimación' de los movimientos sociales se basa en su credibilidad como productores de informaciones fiables.
Sabido es que hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando se proyectan al futuro. No obstante, a raíz de la contraposición esbozada entre poder y legitimidad en la economía mundial, se puede extraer un pronóstico: a corto plazo, puede que triunfen las fuerzas proteccionistas, esa 'coalición de contrarios'. Bajo su techo se revolverán agrupaciones con objetivos en parte contradictorios: nacionalistas, anticapitalistas, protectores del medio ambiente, defensores de la democracia y de la autoridad estatal, así como movimientos xenófobos. A largo plazo, sin embargo, una paradójica coalición entre los supuestos 'perdedores' de la globalización económica (sindicatos, protectores del medio ambiente, demócratas) y los ganadores de la globalización (consorcios, mercados financieros, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio...) podría conseguir una revitalización, e incluso la invención de la vida política en el espacio internacional, porque ambas partes tendrán que reconocer, antes o después, que lo mejor para los intereses de ambas son unos sistemas de regulación supranacionales. Los representantes de los trabajadores, los protectores del medio ambiente y los defensores de la democracia abogarán por unas normas de derecho internacional. Esto también es válido para las empresas multinacionales, o al menos para su fracción cosmopolita. A fin de cuentas, éstas sólo podrán triunfar a nivel económico bajo unas condiciones básicas que les garanticen a ellas y a los demás un mínimo de seguridad jurídica, política, social y, por tanto, también económica. Una ampliación del compromiso estatal democrático-social que constituya el capitalismo nacional de la primera modernidad, que se abra al espacio multinacional, podrá finalmente garantizar también los intereses de los beneficios de las empresas. Ciertamente, el camino para llegar a ello es un camino inseguro y pavimentado a base de desmoronamientos. Pero actualmente hay ya muchos indicios -ya no sólo en las actuaciones de los movimientos sociales, como ahora en Davos, sino también en las actividades de empresas y gobiernos- que permiten empezar a entrever este nuevo mundo político.
Ulrich Beck catedrático de sociólogia de la Universidad de Múnich.