La Duma limita la inmunidad total que Putin otorgó a Yeltsin

El decreto de Putin (primero que firmó) establecía que el presidente cesante no puede ser procesado, detenido o interrogado sea cual sea el motivo. Con la enmienda de ayer, que fue aprobada por 280 votos contra 140, Yeltsin, primer jefe de Estado de la nueva Rusia (pero también sus sucesores), 'podrá ser privado de su inmunidad si cometió un crimen grave durante su mandato'.

El código penal incluye entre estos delitos el blanqueo de dinero a gran escala, justo la acusación que condujo el 17 de enero a Pável Borodín, ex administrador de los bienes del Kremlin, a una celda de Nueva York (...

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El decreto de Putin (primero que firmó) establecía que el presidente cesante no puede ser procesado, detenido o interrogado sea cual sea el motivo. Con la enmienda de ayer, que fue aprobada por 280 votos contra 140, Yeltsin, primer jefe de Estado de la nueva Rusia (pero también sus sucesores), 'podrá ser privado de su inmunidad si cometió un crimen grave durante su mandato'.

El código penal incluye entre estos delitos el blanqueo de dinero a gran escala, justo la acusación que condujo el 17 de enero a Pável Borodín, ex administrador de los bienes del Kremlin, a una celda de Nueva York (tras ser detenido por el FBI en el aeropuerto), en espera de que se decida sobre la petición de extradición presentada por la justicia suiza.

Los nombres de Yeltsin y de sus dos hijas, Tatiana y Elena, han sido mencionados por algunos testigos como beneficiarios (a través de tarjetas de crédito) de un tinglado que arrancaba en el supuesto pago por dos empresas suizas de comisiones multimillonarias por la concesión de obras de renovación del Kremlin y otros edificios oficiales, y concluía con cuentas secretas en el mismo país para ocultar ese dinero. No hay, sin embargo, ninguna acusación concreta contra el ex presidente y los suyos, ni en Suiza ni mucho menos en Rusia. Para entrar en vigor, la nueva ley debe ser aprobada aún por el Consejo de la Federación y refrendada por Putin.

El texto se centra en los privilegios de los ex jefes de Estado, como una pensión vitalicia del 75% del sueldo del presidente en ejercicio (Putin cobra 20.000 rublos al mes, unas 125.000 pesetas) y el uso de una casa de campo, coche, chófer, escolta y servicio médico. Algunas de estas ventajas se extienden también a los miembros de su familia. La generosidad de los diputados no se extendió hasta Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la URSS pero no de Rusia.

Sin embargo, como cabía esperar, la atención general se dirigió hacia la limitación de la inmunidad. Para perderla, es necesario que la Duma apruebe por mayoría absoluta una petición de la Fiscalía General y que la refrende el Consejo de la Federación. Algunos analistas insertan la aprobación de la nueva ley en el proceso de distanciamiento de Putin de la familia, el círculo de poder que rodeó a Yeltsin en los últimos años de su mandato.

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Privatización de la tierra

También ayer, la Duma aprobó en primera lectura (por 229 votos contra 168) el proyecto de ley que prevé la entrada en vigor (hasta ahora congelada) del capítulo 17 del Código Civil que regula el derecho a la propiedad privada de la tierra. Hasta ahora estaba suspendido, pendiente de la aprobación del Código de la Tierra, una ley clave para completar el proceso de reformas.

Los comunistas y sus aliados tienen trazada ahí, aparentemente, la frontera de su colaboración con Putin, aunque todo indica que éste tendrá que tomar en sus manos esta patata caliente. De momento, los comunistas lograron ayer que se excluya de la ley a las tierras agrícolas.

Pese al vacío legal, se han prodigado los experimentos de compraventa de la tierra mediante subasta, empezado por la región de Saratov y terminando por Moscú. Un decreto de Yeltsin permitió mucho antes la privatización (con limitaciones de uso) de millones de parcelas familiares (las célebres dachas), vitales por cierto para la producción de patatas y otras hortalizas.

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