El Tribunal de la Competencia fija un plazo de 6 meses para que Endesa-Iberdrola venda activos
El dictamen del Tribunal de la Competencia (TDC), que consta de dos puntos, pone colofón a un largo expediente de 98 páginas. El informe, que es preceptivo pero no vinculante, fue enviado al Ministerio de Economía el pasado día 10 de enero para que este departamento proponga al Gobierno una decisión antes del 9 de febrero.
A pesar de que los nueve miembros del TDC votaron de forma unánime, las partes mostraron serias divergencias a lo largo de las reuniones. Sin embargo, y tal vez por las duras condiciones que impusieron a la fusión, lograron cerrarlo con una posición unánime.
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El dictamen del Tribunal de la Competencia (TDC), que consta de dos puntos, pone colofón a un largo expediente de 98 páginas. El informe, que es preceptivo pero no vinculante, fue enviado al Ministerio de Economía el pasado día 10 de enero para que este departamento proponga al Gobierno una decisión antes del 9 de febrero.
A pesar de que los nueve miembros del TDC votaron de forma unánime, las partes mostraron serias divergencias a lo largo de las reuniones. Sin embargo, y tal vez por las duras condiciones que impusieron a la fusión, lograron cerrarlo con una posición unánime.
La dureza del dictamen, que deja una patata caliente en manos del Gobierno, salta a la luz en el primer punto. El TDC es rotundo: 'El Tribunal considera por unanimidad que la operación de absorción de Iberdrola por Endesa, en los términos en que ha sido notificada [por las empresas], crearía una posición de dominio que obstaculizaría el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado español de la electricidad, por lo que resultaría adecuado declararla improcedente'.
No obstante, a juicio del TDC y también por unanimidad, la fusión 'podría ser aprobada subordinándola' a una serie de condiciones. Con ellas, la operación podría, no obstante, ser aprobada.
A las retricciones ya conocidas (ver EL PAÍS de ayer) de limitar la cuota de generación al 35% y la de distribución a la que mantiene ahora Endesa (41%), el dictamen añade otras importantes, como las que afectan a los plazos de deinversión y a la comercialización.
De acuerdo con el máximo organismo de competencia, desde la decisión del Gobierno de autorizar la fusión y las condiciones de la misma, 'las empresas dispondrán de dos meses para presentar un Plan de Cesión de Activos, para su aprobación o modificación' por parte del Servicio de la Competencia, dependiente de Economía. Una vez pasado este trámite, la sociedad encargada de gestionar la venta de activos 'tendrá un plazo máximo de seis meses' para culminar la desinversión, frente a los tres años propuestos por las empresas.
Según el TDC, la nueva Endesa-Iberdrola no podrá contar con la baza de los intercambios de activos en sus contactos con los compradores interesados. El dictamen prohíbe 'la permuta de activos entre la entidad resultante y las sociedades adquirentes'. Pero ésta no es la única limitación a la que deberán someterse Endesa e Iberdrola. El dictamen establece que 'el mecanismo de enajenación debe ser la subasta, central por central, la cual deberá ser realizada en los términos y condiciones que la Administración establezca'.
La propuesta del Tribunal recoge, además, que el resultado final del proceso de desinversión 'debe facilitar la formación de, como mínimo, dos grupos además de los existentes, con una cuota de mercado individual en generación superior al 10%'. Si el Gobierno atiende esta recomendación, supondrá una auténtica revolución en el reparto de la producción eléctrica en España, que actualmente dominan Endesa e Iberdrola con una cuota superior al 80%. A distancia siguen Fenosa, con el 13%, e Hidrocantábrico, con poco más del 5%.
La propuesta choca también con el plan de Endesa e Iberdrola,que proponía mantener en torno al 50% de la generación y la creación de tres nuevas empresas. Asimismo, plantea 'enajenar todos sus activos de transporte de electricidad en alta tensión'. Endesa e Iberdrola participan en Red Eléctrica (REE), que gestiona la red de alta tensión. Con la propuesta deberían desprenderse de sus participaciones (un 10% cada una).