El juez aprecia que el concejal de Urbanismo de Málaga delinquió al ocultar órdenes de embargo
Ramos ha salido malparado como querellante, aunque ayer aseguró que recurrirá el auto de archivo de la querella e insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad. Es más, lejos de mostrarse escarmentado, anunció que cuando se demuestre que es así y todo quede aclarado volverá a querellarse contra Oliva.
El juez Juan Francisco Ramírez Barroso, titular del Juzgado de Instrucción número 11, explica en su auto de archivo que las declaraciones que en su día realizó Oliva en las que acusaba a Ramos de haber ocultado los requerimientos judiciales 'reúnen los requisitos de veracidad para e...
Ramos ha salido malparado como querellante, aunque ayer aseguró que recurrirá el auto de archivo de la querella e insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad. Es más, lejos de mostrarse escarmentado, anunció que cuando se demuestre que es así y todo quede aclarado volverá a querellarse contra Oliva.
El juez Juan Francisco Ramírez Barroso, titular del Juzgado de Instrucción número 11, explica en su auto de archivo que las declaraciones que en su día realizó Oliva en las que acusaba a Ramos de haber ocultado los requerimientos judiciales 'reúnen los requisitos de veracidad para evitar que surja el delito de calumnia'. El Código Penal define éste como 'imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad'.
Las investigaciones realizadas por el juez le han llevado a concluir que 'se desprenden indicios de que Manuel Ramos en colaboración con José Enrique Vega Pérez El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga dictó en enero de 1999 una orden de embargo contra Manuel Ramos a instancias de Unicaja por un montante de 6.596.351 pesetas. En aquel momento, el concejal de Urbanismo tenía ya su sueldo embargado por tres órdenes judiciales, y, como éstos superaban el tope establecido, tenía en espera otra ejecución de deudas por impago de impuestos municipales por importe de 224.000 pesetas.
El juzgado remitió un primer mandamiento el 29 de enero de 1999, y, como no tuvo efecto ni respuesta, un segundo en 31 de mayo de 1999. Ninguno de los dos fueron registrados y se los quedó el funcionario Enrique Vega, según queda acreditado en el auto del juez. Un funcionario ha declarado que Vega dio instrucciones precisas para que los escritos no se registraran. Además, tampoco se dio traslado al área de Personal, a la que correspondía hacer la retención en la nómina, lo que constituye un incumplimiento del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece que cuando un órgano se considere incompetente para la resolución de un asunto deberá remitirlo al que estime competente si pertenece a la misma administración.
Vega declaró al juez que llamó por teléfono al juzgado para comunicar que el oficio debía dirigirse a la Tesorería, pero los funcionarios judiciales han negado que se produjera tal llamada. El PSOE considera que con esta comprobación 'se ha desmontado la gran coartada del concejal Ramos'.
Según el portavoz socialista, Francisco Oliva, el auto resulta 'demoledor' para el concejal de Urbanismo, y que la ciudad de Málaga 'no se puede permitir tener un individuo así como concejal'. El PSOE va a enviar el auto al alcalde, Francisco de la Torre, a quien pide que tome medidas contra su concejal de Urbanismo, y además va a presentarlo también como prueba en el juzgado que instruye la causa por presunto delito de infidelidad en la custodia de documento.
Oliva hizo ayer un repaso a algunos asuntos que en su opinión deben impedir que Ramos siga siendo concejal, y citó, entre otros, los cinco embargos de su sueldo, la impugnación de tres convenios colectivos negociados por él como edil de Personal, la contratación de empresas a dedo para las oposiciones a Policía Local o la promoción de viviendas realizada por un hermano suyo sin licencia de obra en Churriana.