La televisión local de Ojén denuncia a Jesús Gil "por coacciones"
La televisión local de Ojén ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Marbella, al que acusa de un "presunto delito de coacciones" por la restricción de energía eléctrica que ha supuesto el cese de la emisión de sus espacios informativos y publicitarios. Según se recoge en la denuncia, funcionarios municipales de Marbella instalaron un limitador de potencia en el transformador que se encuentra en el límite entre ambos municipios, que impide su funcionamiento. Para Francisco Urbano, propietario de Ojén TV, la medida adoptada por el consistorio "es una forma de presión dirigida a los ...
La televisión local de Ojén ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Marbella, al que acusa de un "presunto delito de coacciones" por la restricción de energía eléctrica que ha supuesto el cese de la emisión de sus espacios informativos y publicitarios. Según se recoge en la denuncia, funcionarios municipales de Marbella instalaron un limitador de potencia en el transformador que se encuentra en el límite entre ambos municipios, que impide su funcionamiento. Para Francisco Urbano, propietario de Ojén TV, la medida adoptada por el consistorio "es una forma de presión dirigida a los medios que no se pliegan a los intereses de Jesús Gil" y la culminación de las amenazas vertidas por el equipo de gobierno en un comunicado del pasado 19 de diciembre, en el que se advertía a los ciudadanos que no comprasen ni insertasen publicidad en algunos medios locales a los que tachaba de enemigos de la ciudad.
El diario municipal La Tribuna, que ha publicado dos anuncios en su contraportada en los que una Plataforma Pro-Marbella advierte de que el que compra o se anuncia en esos medios "está en contra de los intereses del pueblo de Marbella".
PSOE y Partido Popular califican el anuncio en el periódico, financiado exclusivamente con dinero municipal, de "ataque contra la libertad de expresión", y han preguntado al equipo de gobierno si suscribe su contenido, así como la composición del supuesto colectivo ciudadano. Los socialistas señalan que se trata de un intento de coartar la libertad publicitaria de los empresarios, que responde a "actitudes propias de personas sin escrúpulos y mentes despóticas".