Incoherencia del PP
La Constitución, esgrimida por el Gobierno de Aznar en distintos frentes, ha sido vulnerada por la mayoría legislativa del PP en materia relativa a derechos fundamentales, lo que ha suscitado que los grupos de oposición pidan la modificación en sentido garantista de una ley con sólo un año de vida. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional anula, por "contrarios a la Constitución", varios preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, precisamente por no cumplir la función protectora que enuncia. Lo curioso del caso es que el PP, fuertemente crítico...
La Constitución, esgrimida por el Gobierno de Aznar en distintos frentes, ha sido vulnerada por la mayoría legislativa del PP en materia relativa a derechos fundamentales, lo que ha suscitado que los grupos de oposición pidan la modificación en sentido garantista de una ley con sólo un año de vida. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional anula, por "contrarios a la Constitución", varios preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, precisamente por no cumplir la función protectora que enuncia. Lo curioso del caso es que el PP, fuertemente crítico con dichos preceptos cuando estaba en la oposición, los mantuvo tal cual en la reforma de dicha ley que impulsó el año pasado desde el Gobierno.El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso interpuesto en marzo de este año por el Defensor del Pueblo contra dicha ley y ha anulado varias normas que permitían a la Administración pública denegar a los ciudadanos derechos relacionados con la defensa de su vida privada e intimidad personal. Según el máximo intérprete de la Constitución, mediante esos preceptos, la ley impugnada "ha desconocido las garantías constitucionalmente exigidas para que el derecho fundamental a la protección de datos personales sea efectivo".
En un momento en que el Gobierno acusa a la oposición de utilizar distintas varas de medir según que los indultados sean unos u otros, queda en evidencia la incoherencia del partido gubernamental. Porque ocurre que exactamente los mismos preceptos que ahora han sido anulados y que figuraban en la Ley Orgánica del Tratamiento Automatizado de Datos (Lortad) de 1992 fueron impugnados en 1993 por 56 diputados del Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición.
Las argumentaciones de aquel recurso de inconstitucionalidad a favor del derecho fundamental a la intimidad y de su pretendida vulneración por los socialistas cedieron en cuanto el PP ganó las elecciones. Con motivo de la transposición de una directiva europea sobre la materia, el Gobierno tuvo la ocasión de corregir, desde su hegemonía en el Parlamento, las transgresiones constitucionales en que, según su recurso, habían incurrido los socialistas. El PP, durante la elaboración en 1999 de la nueva Ley de Protección de Datos, derogó la Lortad, pero incluyó en el articulado de la nueva ley los mismos preceptos que había impugnado seis años atrás y que ahora han sido finalmente anulados por el Tribunal Constitucional.