Ruiz-Gallardón, abucheado en la Asamblea por unos 60 familiares de discapacitados

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, escuchó ayer pateos y abucheos al terminar de explicar el nuevo sistema de precios en centros para discapacitados, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Un grupo de 60 personas que asistía al debate mostró así su desacuerdo con el plan que permitirá cobrar los servicios de este tipo de centros según un baremo establecido de acuerdo con las rentas familiares.

Ni siquiera el hecho de que Ruiz-Gallardón se pusiera a sí mismo como ejemplo de persona con alta renta que debería pagar por esos servicios convenció a los padres de ...

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, escuchó ayer pateos y abucheos al terminar de explicar el nuevo sistema de precios en centros para discapacitados, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Un grupo de 60 personas que asistía al debate mostró así su desacuerdo con el plan que permitirá cobrar los servicios de este tipo de centros según un baremo establecido de acuerdo con las rentas familiares.

Almeida pide gratuidad

Ni siquiera el hecho de que Ruiz-Gallardón se pusiera a sí mismo como ejemplo de persona con alta renta que debería pagar por esos servicios convenció a los padres de discapacitados que escuchaban desde la tribuna de invitados. El presidente puso varios ejemplos, todos relacionados con la Comunidad de Madrid. En el primer tramo situó a un ordenanza de la sede del Gobierno regional, con una familia de cuatro miembros, mujer no trabajadora, con renta mensual neta de 152.235 pesetas -incluyendo pensión del hijo disminuido-. En este caso, no pagaría ni por los servicios del centro de día ni por los de residencia.El mismo tipo de familia, pero en este caso un ujier de la Asamblea, con una renta de 238.000 pesetas, pagaría unas 20.000 pesetas por la residencia. Y nada por el centro de día. Ruiz-Gallardón utilizó también el ejemplo de un diputado en esas mismas circuntancias familiares. Con una renta de 489.494 pesetas, tendría que pagar algo más de 36.000 pesetas por el centro de día y 97.000 por la residencia. Y por último se puso a sí mismo como ejemplo: ingresos de casi 800.000 pesetas al mes. "¿Les parece mal que si tuviera que utilizar estos servicios pagara 74.000 pesetas por centro de día y 174.240 por residencia?", preguntó.

No convenció a la tribuna de invitados. Los padres acogieron sus palabras con un fuerte pateo. Y tampoco convenció a la presidenta del Grupo PSOE-Progresistas, Cristina Almeida, que había planteado el tema en el pleno de ayer. Almeida pidió que se dejara sin efecto el acuerdo y exigió gratuidad para las familias de los disminuidos. La nueva medida, según la diputada, afectaría a miles de familias que se verían privadas de ese derecho y condenadas a recluir en el domicilio familiar a los afectados.La decisión de que los minusválidos paguen según sus rentas por servicios que parte de ellos tienen ahora de forma gratuita parte del Plan Regional de Discapacidad, consensuado con las asociaciones de afectados. El objetivo final es que todos los disminuidos físicos y psíquicos y sus familias (salvo los de rentas muy bajas) aporten un dinero (1.300 millones) para, con 26.000 millones que pondrá la Comunidad, concertar los centros de día y residencias regentados en la actualidad por las asociaciones. Hasta ahora, la red de atención a minusválidos estaba formada por centros públicos gratuitos y por centros privados de asociaciones en los que había que pagar.

Pero el sistema de tarifas decidido por el Gobierno regional ha levatado fuertes protestas entre los afectados. Hace dos semanas, miles de familias recibieron una carta de la Consejería de Servicios Sociales en la que se les indicaba que deberían abonar el 75% de la renta per cápita familiar (el total de ingresos dividido entre 12 meses y entre el número de miembros) por la residencia de sus hijos y el 37,5% por los centros de día. Por ejemplo, la renta per cápita de una familia de tres miembros que gana 300.000 pesetas sería de 100.000 pesetas.

La Federación de Organizaciones y Personas con Retraso Mental (FEAPS) se quejó a la consejería. Consideraba que con este sistema "se gravaba la renta familiar" y proponía que la Administración se quede con una parte de la pensión que percibe el discapacitado, pero sin tocar los ingresos del hogar.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, reconoce que la carta enviada estaba "mal redactada". "Daba la impresión de que estaba todo decidido cuando falta por desarrollar el sistema de tarifas", apostilla.

El Consejo de Representantes de Minusválidos (CERMI), integrado por las asociaciones madrileñas de discapacitados, decidió oponerse a la propuesta del Gobierno regional de tener en cuenta la renta familiar. Y con esa postura de oposición llegó su presidenta, María Luisa Ramón-Laca, a la reunión que el CERMI mantuvo el miércoles con los responsables de Servicios Sociales.

Sin embargo, sorprendentemente, el encuentro acabó en un acuerdo en el que el CERMI aprueba "de forma unánime" su "conformidad con establecer la renta per cápita de la unidad de convivencia como criterio para fijar los precios públicos de residencias y centros de día en lugar de un porcentaje sobre la pensión pública del discapacitado".

¿Por qué se produjo este giro copernicano? Ramón-Laca lo explica: "Nos plantearon que las familias con menos renta tendrían gratis los centros de día y las residencias y nos explicaron que habría otras exenciones. Con esas matizaciones, el sistema de tener en cuenta la renta familiar era más justo que el de pagar con la pensión", afirma Ramón-Laca. También ayudó al acuerdo el compromiso del Gobierno regional de contar con las asociaciones para desarrollar las tarifas.

Pero las bases de las asociaciones, al enterarse de este acuerdo contrario a lo decidido, montaron en cólera. Ramón-Laca entona el mea culpa. "Admito que no tenía que haber acordado nada sin consultarlo con los asociados". La trifulca sigue, ya que ayer mismo, mientras un grupo de afectados abucheaba a Ruiz-Gallardón en la Asamblea, la junta directiva de FEAPS volvió a reunirse con los responsables de la consejería.