La oposición califica de "inaudito" y "sospechoso" el indulto al juez prevaricador
La oposición calificó ayer de "inaudito" y motivo de "sospecha" el indulto del Gobierno al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el caso Sogecable. Mientras el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, denunciaba que los indultos "justos" -en referencia a los insumisos- han servido para "ocultar los que interesaban a un Gobierno" que actúa como un "soberano absolutista", el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que se había hecho "una utilización política del derecho de gracia". El diputado de CiU en el Congreso Ignasi Gua...
La oposición calificó ayer de "inaudito" y motivo de "sospecha" el indulto del Gobierno al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el caso Sogecable. Mientras el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, denunciaba que los indultos "justos" -en referencia a los insumisos- han servido para "ocultar los que interesaban a un Gobierno" que actúa como un "soberano absolutista", el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que se había hecho "una utilización política del derecho de gracia". El diputado de CiU en el Congreso Ignasi Guardans tachó de "escandalosa" la medida. "Indultar la inhabilitación me parece gravísimo", dijo.
José Luis Rodríguez Zapatero afirmó ayer en Badajoz, donde acudió al congreso de los socialistas extremeños, que "el Gobierno ha hecho una utilización política del derecho de gracia", e hizo una segunda lectura: "Es una lección para el futuro: quien lleva la política al terreno de la justicia hace daño a la justicia; mi objetivo en estos momentos es trabajar de cara al futuro para intentar que los ciudadanos crean plenamente en la justicia, que es esencial para un Estado de derecho pleno como el que España se merece".El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, declaró que el indulto masivo concedido por el Gobierno demuestra que el PP "está volviendo al concepto de justicia del soberano absoluto, en el que se mezcla Poder Ejecutivo y Judicial sin ningún tipo de garantía jurídica". "En este cóctel navideño de indultos", afirmó Llamazares, "hay algunos justos, el de Tany y los concedidos a los insumisos, y otros arbitrarios e inaceptables", a los que el coordinador de IU no quiso poner nombre. Llamazares también lamentó que "tenga que ser el Vaticano quien remueva la conciencia del Gobierno".
"No hay que ensañarse"
El secretario general del PCE y portavoz en el área de Economía del Grupo Parlamentario de IU, Francisco Frutos, no ve mal la decisión del Ejecutivo, aunque dejó claro que, en su momento, ni participó en la cuenta corriente abierta por el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, en solidaridad con el magistrado, ni cuestionó la sentencia que inhabilitó al juez por un delito de prevaricación. "Me parece que para un juez que lleva muchos años en ejercicio, un indulto de estas características es, en cierta manera, darle la ocasión para recuperar su plenitud". Frutos, que quiso restar trascendencia a la decisión gubernamental, añadió que aunque se alegraba de que las irregularidades cometidas por Gómez de Liaño hubieran sido tenidas en cuenta, no era cuestión de "ensañarse" sino dar una oportunidad de ejercer la profesión "superando el pasado".El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, consideró que el Gobierno ha atendido "criterios de equilibrio" a la hora de aprobar la concesión de 1.443 indultos. Alcaraz, en declaraciones a Efe, expresó su sospecha de que el Ejecutivo ha buscado ese equilibrio al aprobar en la misma reunión el indulto para el juez Javier Gómez de Liaño y para los tres condenados por el caso Filesa. Alcaraz se preguntó si el Gobierno y el PSOE habrán negociado acerca de estos indultos para conseguir un "equilibrio", y si han tratado con esta medida de "superar una determinada etapa política".
El diputado del Grupo Socialista Diego López Garrido presentó ayer en el Congreso una pregunta al vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique los criterios que ha utilizado el Ejecutivo para indultar "a un juez expulsado de la carrera judicial por comisión de delitos de prevaricación". López Garrido consideró incomprensible que el Gobierno invoque, para tomar decisiones políticas, criterios de la Iglesia católica, máxime cuando España es un país no confesional. Asimismo opinó que el acuerdo tomado ayer por el Gobierno supone un indulto general, prohibido por la Constitución, y que con la multitud de casos abarcados trata de encubrir el interés del Gabinete en el caso más controvertido: el del juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación.
Javier Barrero, portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, calificó de "sorprendente" e "inaudita" la medida, que consideró "motivo de sospecha" por ser una persona con información que puede perjudicar la imagen del Gobierno. Barrero pidió una "explicación más detallada" de las razones que han llevado al Ejecutivo a conceder este indulto "en contra incluso del informe negativo" del tribunal que condenó al juez. Con la concesión del indulto a un juez condenado por prevaricación, añadió el diputado socialista, se le está permitiendo que tome "las mismas decisiones por las que fue condenado". Barrero señaló que a pesar de que Gómez de Liaño no podrá volver a ejercer en la Audiencia Nacional, "permiten que en atención al número de años que tiene en la magistratura dirija una sala del Tribunal Superior". "Ya no sé si el Consejo estará en disposición incluso de hacerle miembro de una sala del Tribunal Supremo", añadió.
Petición papal
El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, mostró su sorpresa por el hecho "insólito" de que el Consejo hubiera concedido el indulto a 1.443 condenados, aunque precisó: "Si éstas obedecen a una petición papal, lo respeto". El también diputado de CiU Ignasi Guardans calificó de "escandalosa" la medida de gracia hacia Gómez de Liaño. "Indultar la inhabilitación me parece gravísimo y muy perjudicial para la confianza en el sistema judicial". A su juicio, el Gobierno intenta que la sociedad asuma mejor lo que es una decisión vergonzosa y un abuso de poder, a base de enterrarla entre otros indultos que pueden estar perfectamente legitimados".El vicesecretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Rafael Larreina, tildó de "publicitaria" la decisión del Ejecutivo, y consideró "injusto" que no hubiera ningún preso etarra arrepentido.
La Conferencia Episcopal acogió ayer con "alegría" la concesión de indultos, "que permitirá a tantas personas experimentar, en forma concreta y visible, las gracias y bienes del jubileo".
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