El problema del veto

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La Comisión Europea defiende que la reforma más necesaria para adaptar las instituciones a una Unión ampliada es la limitación del derecho de veto. Pero se ha ido convirtiendo en un freno a medida que se ampliaba la Unión. En parte, por la entrada de países muy poco integracionistas, como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia... Y en parte, porque, cuantos más socios hay, más problemas particulares hay que salvaguardar. Para España, los fondos estructurales son sagrados. Para Luxemburgo, la fiscalidad. Para Francia, la defensa del idioma. Para Alemania, el poder de las regiones. Para el Reino Unido, la normativa social.Esa situación, muy difícil ya en una Europa de 15 socios, puede tornarse en caos en una Unión de 27. Por eso la Comisión quiere limitar el derecho de veto a casos extremos: temas institucionales, ampliaciones, sistema financiero, régimen lingüístico... Algunos socios apoyan esa tesis, aunque en la práctica no dejan de lado los agravios comparativos.

Muchos países creen que si desaparece el veto van a acabar cediendo más soberanía y Bruselas acabará siendo un superestado. La Comisión opina lo contrario, y pone como ejemplo que el 90% de las directivas del mercado interior, que se acuerdan por mayoría absoluta, han sido aprobadas por consenso. Con el veto imperan más los extremismos y la defensa de intereses puramente nacionales.