Cien militantes de Unió se benefician de subvenciones

Ser militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) significa tener 30 veces más posibilidades de recibir fondos de formación de desempleados que un ciudadano no militante. Así se desprende de la comparación entre la proporción de catalanes que militan en el partido de Duran Lleida y la lista de 102 centros subvencionados y administrados por militantes de Unió, con el total de 1.158 centros acreditados por el Departamento de Trabajo. Los 102 centros vinculados directamente a militantes de Unió captaron un 10% de los fondos públicos destinados a la formación de desempleados y cofinanciados por...

Ser militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) significa tener 30 veces más posibilidades de recibir fondos de formación de desempleados que un ciudadano no militante. Así se desprende de la comparación entre la proporción de catalanes que militan en el partido de Duran Lleida y la lista de 102 centros subvencionados y administrados por militantes de Unió, con el total de 1.158 centros acreditados por el Departamento de Trabajo. Los 102 centros vinculados directamente a militantes de Unió captaron un 10% de los fondos públicos destinados a la formación de desempleados y cofinanciados por la UE. Pujol dijo en el Parlamento catalán hace dos años que los centros próximos a Unió recibían sólo un 3,5% de los fondos.

Cataluña tiene censados 5.288.069 habitantes mayores de 18 años. De ellos, 17.519 son militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), según datos oficiales del partido de Josep Antoni Duran Lleida. Es decir, el 0,3% de la población mayor de edad en Cataluña está afiliada al partido democristiano. Al mismo tiempo, de los 1.158 centros que recibían fondos públicos en 1997 para impartir cursos de formación de parados, 102 están administrados por militantes de Unió, lo cual significa que un 8,8% de los centros de formación son beneficiarios de ayudas. Unas 30 veces más que su representación en la sociedad.Si se le suman a esos 102 centros los administrados por familiares directos de militantes de Unió, la cifra asciende a más de 120 centros diferentes. Sus nombres constan en los registros públicos del Departamento de Trabajo, que desde su creación, en 1980, siempre ha tenido un consejero de Unió al frente. Agregando estos centros, las subvenciones recibidas por centros vinculados a Unió se elevarían al 11,5% del total.

"El porcentaje de centros gestionados por militantes de UDC, socios o familiares no se corresponde con su representatividad social. Existe una clara sobredimensión", afirma el diputado socialista Josep Maria Rañé.

Los centros controlados por militantes de Unió están esparcidos por toda Cataluña, y en muchos casos un mismo militante aparece en Trabajo como titular acreditado de dos o más centros. Las proporciones del año 1997 son todavía peores en 1998.

La oposición sospecha que estos centros recibían trato de favor de la Administración catalana; e incluso, que del favor se beneficiaba el partido. "Se trata de saber si aplicaban el viejo adagio latino del do ut des o te doy para que me des", afirma Josep Lluís López Bulla, diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds.

El año en el que estalló el caso Pallerols (1997), el Gobierno catalán repartió 23.500 millones de pesetas para la formación de parados. De esta cantidad, 2.349 millones fueron a parar a centros administrados por militantes de Unió; es decir, también el 10% de los fondos administrados por Trabajo.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, contestaba al diputado Jordi Guillot, de Iniciativa per Catalunya, en sesión parlamentaria : "Con toda rotundidad, le digo que el porcentaje de ayudas que han ido a parar a empresas que, de cerca o de lejos, tienen alguna relación con Unió Democràtica es del 3,5% de los 23.500 millones repartidos este año". En el mismo debate, Pujol afirmó: "Yo siempre soy corresponsable de lo que hacen los consejeros de mi gobierno".

Por su parte, Duran Lleida manifestó el pasado viernes a este periódico que no entra en valorar si hay abundancia de militantes de Unió entre los receptores de fondos. "Hemos propuesto que todas las academias presuntamente relacionadas con Unió sean investigadas por la Intervención General de la Generalitat", dijo.

El reparto de fondos entre los centros de formación de parados lleva meses polarizando el debate político en Cataluña. La oposición ha acusado a la Generalitat de "clientelismo" en el reparto de estos fondos, acusación que niega el Gobierno catalán, que, sin embargo, ha admitido que los controles no han sido exhaustivos.

El empresario andorrano Fidel Pallerols Montoya está hoy imputado judicialmente por los supuestos delitos de falsedad documental, falsificación de firmas, fraude a subvenciones europeas y financiación irregular. Este hombre sin estudios, consiguió cautivar a los dirigentes de Unió. Fidel Pallerols consiguió que Duran Lleida apoyase su proyecto democristiano en Andorra, la Patronal del Principat (PDP). Incluso obtuvo el apoyo del líder democristiano catalán para organizar en Andorra una fuerza política de la misma ideología, según recuerda un antiguo empleado de Pallerols.

El empresario andorrano prestó diversos servicios a destacados militantes de Unió; gracias a ello fue avisado a finales de 1996 de que sus empresas Ceif, And y Teo estaban a punto de ser auditadas para controlar el uso de las ayudas europeas que nutren los fondos de formación ocupacional.

Fidel Pallerols, que abrió sus academias en 1994, supo de fuentes del Departamento de Trabajo que sería auditado, según denunciaron algunos de sus colaboradores ante el juzgado. El Dia de Sant Jordi de 1997, alguien del departamento facilitó la entrada de los empleados de Pallerols a las dependencias centrales de Trabajo de la Generalitat en Barcelona para acceder a los registros informáticos del año que se iba a inspeccionar.

El ex administrador de Pallerols, Germán Honrubia, denunció ante los tribunales que se falsificaron 30.000 firmas y se inyectaron 3.000 documentos nuevos para pasar la auditoría. De todo aquel Watergate

se hizo responsable a un contratado de la Generalitat, Jaume Pallerols Casas, militante también de Unió y amigo aunque no pariente de Fidel Pallerols.

Unos meses después (14 de enero de 1998) dos profesores de Pallerols denunciaron en los juzgados de Girona que el grupo había falsificado sus firmas para hacerlos pasar por alumnos de otros centros con la finalidad de justificar subvenciones.

Más adelante, las academias de Pallerols fueron inspeccionadas por la Intervención de la Generalitat, que depende de Economía, un departamento en manos de Convergència. El resultado fue demoledor: recibían trato de favor, no cumplían con los cursos, inflaban los gastos ficticiamente. Como resultado, se decidió retirarles 77 millones de las subvenciones que recibían, pero nunca lo ha hecho efectivos. El duro informe de aquella primera auditoría nunca detuvo las subvenciones a Pallerols.

Eran tiempos duros y Pallerols pasó a la acción: filmó a un hombre próximo a Josep Sánchez Llibre, secretario de organización de Unió (Santiago Vallvé), mientras cobraba un millón de pesetas en billetes en una de sus academias de Barcelona. La cinta se titula UDC-Santi Vallvé 04.12.1998. Valldaura. 11,15 horas. Otra cinta de febrero de 1999 recoge a Vallvé cobrando 500.000 pesetas más. Las cintas de vídeo y audio fueron intervenidas por la policía andorrana en las oficinas del empresario andorrano el 23 de noviembre de 1999.

Pallerols reclamó al secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre que hiciera posible el mantenimiento del chorro de ayudas por parte de Trabajo. Sus cartas tenían un tono conminatorio y le reclama "instrucciones" para seguir recibiendo fondos; era marzo de 1999. El 11 de julio del mismo año, poco antes de abandonar el departamento, Ignasi Farreres firmó que se le concedieran 250 millones de ayudas a Pallerols. No fue hasta la llegada de Lluís Franco al cargo de consejero de Trabajo, en el curso 1999- 2000, cuando los centros de Pallerols fueron dados de baja como centros colaboradores.