Debate absurdo
¿Cuántos terroristas, una vez detenidos, puestos a disposición judicial, condenados tras un juicio con todas las garantías constitucionales, internados en un establecimiento penitenciario y cumplida la pena, han vuelto a cometer un atentado? Independientemente de que se hayan arrepentido o no, ¿ continúan siendo tales individuos peligrosos en cuanto terroristas para la sociedad española?Éste es el interrogante que la sociedad española tiene que hacerse y sobre el que tiene que solicitar al Gobierno que le proporcione la información adecuada para darle respuesta, antes de permitir que se la emb...
¿Cuántos terroristas, una vez detenidos, puestos a disposición judicial, condenados tras un juicio con todas las garantías constitucionales, internados en un establecimiento penitenciario y cumplida la pena, han vuelto a cometer un atentado? Independientemente de que se hayan arrepentido o no, ¿ continúan siendo tales individuos peligrosos en cuanto terroristas para la sociedad española?Éste es el interrogante que la sociedad española tiene que hacerse y sobre el que tiene que solicitar al Gobierno que le proporcione la información adecuada para darle respuesta, antes de permitir que se la embarque en una operación de reforma del Código Penal en cualquiera de sus variantes: cadena perpetua, juicio de revisión, etcétera. ¿Hay alguna evidencia empírica que justifique el debate que se viene alimentando desde hace algunas semanas? Ésta es la cuestión.
Y no la hay. Nos encontramos ante un debate absurdo. Para comprobarlo basta pensar en los dos terroristas detenidos en Sevilla tras el asesinato del médico Muñoz Cariñanos, acusados además del asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, y del concejal malagueño Martín Carpena. Los terroristas tienen 23 y 26 años respectivamente. Todo hace pensar que, tras el juicio correspondiente, serán condenados a un número altísimo de años, de los que, con el actual Código Penal, cumplirán treinta, si no se arrepienten de verdad, es decir, si su arrepentimiento no es certificado por la Junta de Tratamiento Penitenciario del centro en el que estén internados y valorado posteriormente por el juez de vigilancia penitenciaria. Estamos en 2000. En consecuencia, estos terroristas estarán en la cárcel hasta 2030, si no concurren las circunstancias a las que acabo de referirme. ¿Puede alguien realmente pensar que estos individuos, con 53 y 56 años respectivamente, y tras haber pasado treinta años en la cárcel, van a estar en condiciones de seguir siendo terroristas?
La política antiterrorista gira en torno a cuatro ejes: el político, el policial, el judicial y el penitenciario. Los dos últimos están funcionando de manera más que razonablemente satisfactoria. Si hay algo de lo que la sociedad española puede sentirse legítimamente orgullosa es de la respuesta judicial y penitenciaria al terrorismo. Está siendo eficaz: terrorista condenado y encarcelado deja de ser terrorista. Y además está siendo justa sin ser vengativa. Es importante que continúe siendo así, porque la justicia contribuye a aumentar la autoestima de una sociedad, mientras que la venganza la degrada. El mejor reconocimiento a la respuesta judicial y penitenciaria al terrorismo fue la pancarta de los reclusos durante el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara: "La diferencia está en los derechos".
No es en los ámbitos judicial y penitenciario donde la sociedad española tiene un problema en la lucha antiterrorista. Ni siquiera en el ámbito policial. Siempre se podrá mejorar en la eficacia policial, pero no hay en principio nada que justifique que la sociedad española tenga que desconfiar del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los terroristas acaban siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.
Es en el ámbito político en el que no solamente no estamos avanzando, sino que vamos hacia atrás. Y continuaremos yendo hacia atrás mientras persista por parte del Gobierno la identificación de la política antiterrorista con la política antinacionalista. Puede que le sea rentable electoralmente al Gobierno en el corto plazo, pero, políticamente, para el país es un desastre.
En todo caso, lo que no se puede aceptar es que el Gobierno intente enmascarar su fracaso político en la estrategia antiterrorista con un debate absurdo sobre el endurecimiento de las penas. Si la respuesta política al terrorismo tuviera la mitad de la eficacia que tiene la respuesta judicial y penitenciaria, no estaríamos donde estamos y no sería, con toda seguridad, el terrorismo la principal preocupación de la sociedad española.