Sólo cuatro inspectores controlan los más de 300 centros sociales y residencias de la tercera edad

Bienestar Social sólo cuenta con cuatro funcionarios dedicados exclusivamente a labores de inspección para controlar la calidad de los más de 300 centros sociales públicos y privados de la Comunidad. Después de que saliera a la luz la muerte de 25 ancianos en una residencia de Formentera del Segura (Alicante) la responsable del departamento, Carmen Mas, reconoció en noviembre de 1999 que la consejería sólo tenía seis inspectores y se comprometió a aumentarlos a los 16 que establece la ley. A mes y medio de 2001, sólo hay cuatro: otros dos realizan labores administrativas.

"No dan abasto...

Bienestar Social sólo cuenta con cuatro funcionarios dedicados exclusivamente a labores de inspección para controlar la calidad de los más de 300 centros sociales públicos y privados de la Comunidad. Después de que saliera a la luz la muerte de 25 ancianos en una residencia de Formentera del Segura (Alicante) la responsable del departamento, Carmen Mas, reconoció en noviembre de 1999 que la consejería sólo tenía seis inspectores y se comprometió a aumentarlos a los 16 que establece la ley. A mes y medio de 2001, sólo hay cuatro: otros dos realizan labores administrativas.

"No dan abasto". Un portavoz sindical describía de esta forma el trabajo que soportan los cuatro únicos inspectores que cuenta Bienestar Social para vigilar la calidad que prestan los más de 300 centros -200 residencias de tercera edad, 60 centros de menores y 80 de discapacitados, entre otros- de atención social de Comunidad. Pese a que el departamento que dirige Rafael Blasco cuenta con seis inspectores de plantilla, dos de ellos se limitan a realizar labores administrativas, por lo que cargan sobre los otros cuatro la responsablidad de vigilar los centros, tanto públicos como privados.La labor de la inspección es uno de los ejes sobre el que se sustenta la política de Bienestar Social plasmada por el Partido Popular en la ley 5/97. El texto les atribuye la responsabilidad de verificar "el exacto cumplimiento de la normativa" así como de "proporcionar información puntual sobre la calidad de los servicios sociales". La escasez de personal de este servicio dificulta el cumplimiento de estas tareas, pero hay otras dificultades añadidas. El número de denuncias que reciben los inspectores se ha quintuplicado, en los últimos dos años, de forma que las 10 que podían recibir a lo largo del año, han pasado a 50.

Ante este crecimiento de reclamaciones y el anuncio de nuevas fórmulas de gestión por parte de Blasco -en los que la iniciativa privada está llamada a ocupar un protagonismo creciente- la labor de la inspección gana peso. De hecho, la ley de servicios sociales ya contaba con incrementar el personal "hasta alcanzar una ratio de un inspector por cada 250.000 habitantes", como apunta Antonio Femenía, responsable de asuntos sociales de la UGT, es decir, 16 para los 4 millones de valencianos.

Pese a ello, un año después de la muerte de 25 ancianos en la residencia Formentera de Segura (Alicante) y cinco meses después de que la predecesora de Blasco, Carmen Mas, se comprometiera a llegar a los 16, sólo hay cuatro realizando trabajos de inspección. En una respuesta parlamentaria remitida en mayo al diputado socialista Antonio Torres, Blasco reconocía que eran seis los inspectores "estando prevista la incorporación de otras tres nuevas plazas".

Fuentes consultadas apuntan que Bienestar Social está redactando un plan de trabajo para organizar este servicio y aumentar plazas, que está previsto que entre en funcionamiento a principios del próximo año. Desde la propia Consejeria, señalan que se reformó el reglamento orgánico del departamento, donde se contempla la creación de una unidad de planificación, responsable de activar la inspección.