La dura batalla por el poder en la Unión Europea

Los países grandes exigen contrapartidas a los pequeños tras perder uno de los primeros pulsos

Los 15 países de la Unión Europea viven estas semanas uno de los pulsos más reñidos de su historia. La prevista ampliación de la UE en los próximos años hace necesario un reequilibrio en los mecanismos de adopción de decisiones, es decir, un nuevo reparto del poder entre los países que se plasmará en un nuevo Tratado de la Unión.Hasta el momento, los avances han sido escasos, pero el tiempo apremia, porque el plazo concluye los días 7, 8 y 9 de diciembre. Todo el mundo apuesta por una solución...

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Los países grandes exigen contrapartidas a los pequeños tras perder uno de los primeros pulsos

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Los 15 países de la Unión Europea viven estas semanas uno de los pulsos más reñidos de su historia. La prevista ampliación de la UE en los próximos años hace necesario un reequilibrio en los mecanismos de adopción de decisiones, es decir, un nuevo reparto del poder entre los países que se plasmará en un nuevo Tratado de la Unión.Hasta el momento, los avances han sido escasos, pero el tiempo apremia, porque el plazo concluye los días 7, 8 y 9 de diciembre. Todo el mundo apuesta por una solución de última hora en la cumbre europea que se celebrará esos días en Niza (Francia), donde la presidencia europea de turno, la francesa, se juega su prestigio.

En la anterior cumbre europea de Biarritz, celebrada el mes pasado, quedó claro que el pulso se centraba fundamentalmente entre los países pequeños y los grandes. A lo largo de las sucesivas ampliaciones de la UE, los países grandes han ido perdiendo peso frente a los pequeños en dos terrenos fundamentales. De un lado, en la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario, donde las decisiones se toman por mayoría en un colegio en el que cada país cuenta con un comisario, salvo los grandes (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España), que tienen dos. De otro, en el Consejo de Ministros, donde las decisiones se adoptan casi siempre por unanimidad o por mayoría cualificada. En el Consejo, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido tienen diez votos cada uno; España, ocho; Bélgica, Grecia, Portugal y Holanda, cinco; Austria y Suecia, cuatro; Dinamarca, Irlanda y Finlandia, tres, y Luxemburgo, dos.

Ni en uno ni en otro caso el peso de cada país guarda una proporción matemática con la demografía. Tampoco nadie aspira a ese objetivo ("no es un problema demográfico, sino político", insiste el canciller alemán, Gerhard Schröder), porque el desequilibrio entre unos y otros haría inmanejables las instituciones, pero los grandes sí aspiran a ganar un mayor poder de decisión frente a los pequeños.

De existir esa relación directa entre votos y demografía, Alemania, con 82 millones de habitantes, tendría 381 votos teniendo en cuenta que Luxemburgo, con sólo 429.000 habitantes, dispone de dos votos. El campo de batalla se presenta fundamentalmente en tres frentes absolutamente interconectados y que quedaron sin resolver en el anterior Tratado de Amsterdam (1997): el tamaño de la futura Comisión, el número de votos que debe tener cada país en el Consejo de Ministros y los temas que debieran acordarse por mayoría cualificada y no por consenso.

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Hasta ahora, todos los países que se han ido incorporando a la UE han tenido "derecho" a tener al menos un comisario en el Ejecutivo comunitario. Los países grandes, y especialmente Francia y Alemania, sostienen que la Comisión cuenta ya con un excesivo número de comisarios (20 en total), y prefieren plantearse un equipo no superior a 12 o 15 comisarios.

De mantenerse ese "derecho" practicado hasta ahora, la prevista ampliación derivaría en una Comisión con al menos 28 o 30 comisarios, contando con que los grandes renunciaran a seguir teniendo dos. Para Pierre Moscovici, el ministro francés de Asuntos Europeos, este panorama convierte a la Comisión en un órgano "ingobernable". Para los países pequeños, como Finlandia o Irlanda, es "un principio irrenunciable" seguir teniendo un comisario por cada Estado miembro, porque consideran imprescindible que en el Ejecutivo de la Unión estén presentes todas las "sensibilidades" de Europa a la hora de poner en marcha o rechazar iniciativas legislativas.

En Biarritz quedó de manifiesto que las posiciones al respecto eran radicalmente opuestas. Tanto es así que la presidencia de turno de la UE presentó el pasado día 3 un borrador con sus propuestas provisionales sobre las reformas institucionales que se estudiarán en Niza, pero dejó en blanco las partes dedicadas al tamaño de la Comisión y a la reponderación del voto en el Consejo de Ministros.

Moscovici ha realizado estas semanas diversas visitas a capitales europeas para intentar aproximar posiciones, pero sus esfuerzos no han dado los frutos buscados. No sólo eso. En medio de la batalla, el presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, entró en liza hace dos semanas y se alineó de hecho con las pretensiones de los países pequeños.

Por eso, los grandes se han quedado solos y no les ha quedado más remedio que dar marcha atrás. El propio Moscovici anunció el pasado miércoles en París que Francia ha renunciado a su pretensión de imponer una Comisión reducida: "Hemos de tener en cuenta las presiones políticas de nuestros socios, y creo que ninguno está dispuesto hoy a renunciar a su comisario", comentó Moscovici.

Ahora, el presidente francés, Jacques Chirac, se propone también visitar a los jefes de Estado o Gobierno de la UE para buscar una fórmula de consenso. El punto de partida ha sido su entrevista del pasado viernes en Vittel (Francia) con el canciller alemán, Gerhard Schröder. Ambos hablaron de una sintonía clara ante Niza, pero no concretaron detalles. Chirac también visitará esta semana Londres, Copenhague y Amsterdam.

En Bruselas, sin embargo, representantes franceses y alemanes ya no esconden la fórmula por la que apuestan: cada país seguirá teniendo un comisario, pero se fijará un número máximo de forma que, a medida que se vaya produciendo la ampliación, y una vez alcanzado ese número máximo de comisarios, se pondrá en marcha un sistema de rotación; además existirá una jerarquización, con comisarios de primera y de segunda o con cartera y sin cartera. Esta fórmula implica que los grandes, incluido en este caso España, tendrán que renunciar a uno de los dos comisarios con que cuentan ahora.

Pero esta importante batalla da paso automáticamente a la siguiente porque los países más fuertes exigen ahora contrapartidas. El titular británico de Exteriores, Robin Cook, lo ha dejado bien claro: "En Niza podemos contribuir a la estabilidad renunciando a un segundo comisario, pero a cambio debe haber una seria reponderación del voto". Es ésa también la posición de España. El comisario Michael Barnier, encargado de las reformas institucionales, ha hecho la recomendación: "Cada Gobierno debe hacer el esfuerzo de aceptar un recorte de su poder nacional al servicio de la eficacia colectiva". Aceptan algún recorte, sí, pero dependerá de las contrapartidas. En Niza, los jefes de Estado o Gobierno de los Quince dan por seguras tres largas noches de insomnio colectivo y de agotadoras negociaciones.

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