La General renuncia a cobrar al PP un crédito por considerarlo prescrito
El Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Granada renunció el martes a cobrar un préstamo contraído por el PP hace 14 años y por el que reclamó, hace meses, por vía judicial, unos 30 millones de pesetas, aunque el capital no superaba los ocho. El expediente iba acompañado de un informe favorable del Comité de Recuperación de la caja. El PP tiene presentadas tres demandas civiles contra La General. Fuentes del caso relacionaron la prescripción del crédito con la renuncia del PP a proseguir con tales denuncias.
Los servicios jurídicos de La General desconocen oficialme...
El Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Granada renunció el martes a cobrar un préstamo contraído por el PP hace 14 años y por el que reclamó, hace meses, por vía judicial, unos 30 millones de pesetas, aunque el capital no superaba los ocho. El expediente iba acompañado de un informe favorable del Comité de Recuperación de la caja. El PP tiene presentadas tres demandas civiles contra La General. Fuentes del caso relacionaron la prescripción del crédito con la renuncia del PP a proseguir con tales denuncias.
Los servicios jurídicos de La General desconocen oficialmente si el PP ha retirado las denuncias planteadas dentro del rifirrafe político que ha seguido a la aprobación de la Ley de Cajas. La primera afecta a la designación de Fernando Rodríguez como director general de la entidad; la segunda cuestiona el cobro del sueldo por parte del presidente de la caja, Julio Rodríguez, cuyo cargo no es ejecutivo; la tercera impugna la asamblea general donde se aprobó la modificación de los estatutos para adaptarse a la nueva ley de cajas.Este periódico intentó sin éxito conseguir la versión del PP tanto a nivel regional como local. En el PSOE, la respuesta fue que desconocían por completo el asunto del crédito prescrito. La General, por su lado, eludió cualquier comentario bajo el argumento de que afectaba al secreto bancario.
La prescripción del crédito fue aprobada por el consejo con la única abstención del representante de IU, el concejal de Granada, Baltasar Garzón. La operación fue respaldada antes por unanimidad por la comisión ejecutiva. El préstamo fue solicitado hace 14 años por el entonces presidente del PP granadino, Alberto Martínez. El importe fue de 8 millones. Por razones desconocidas el PP no hizo frente al pago de las mensualidades y la caja tampoco lo trató de cobrar por vía ejecutiva. El crédito volvió a aparecer hace año y medio, en mitad de fragor de los enfrentamientos entre el PP y el PSOE por la gestión de La General, y coincidiendo con el relevo en el área de Recuperaciones.
Hace unos cinco meses, a pesar de que el préstamo fue pasado a fallidos, La General inició un procedimiento de reclamación ante el juzgado de primera instancia número cinco de Granada. Los ocho millones iniciales se habían convertido en unos 30, sumados los intereses y los numerosos gastos jurídicos y de otra naturaleza. El PP consideró excesivos los gravámenes, aunque reconoció como propio el préstamo a pesar de que lo solicitó su antiguo presidente sin aportar poderes del órgano colegiado.
El PP pagará un millón de gastos por la cancelación del crédito
La prescripción del préstamo lleva aparejado el pago de alrededor de un millón de pesetas por los gastos ocasionados a la entidad de ahorros. Al parecer, el PP ha aceptado abonar esa cantidad, que no cubre ni de lejos el capital inicial, a cambio de la cancelación. Los informes internos de la caja consideran que el préstamo es incobrable dado el tiempo transcurrido desde su concesión.Las relaciones entre el PP de Granada y la Cajal General han sido especialmente tensas en los últimos años. El presidente del PP, Juan de Dios Martínez Soriano, exigió repetidamente a los socialistas la destitución de Julio Rodríguez de la presidencia. Durante ese tiempo, el PP ha tratado de implicar a Rodríguez en supuestas irregularidades, entre ellas la manipulación de la caja para beneficiar electoralmente al PSOE en las pasadas elecciones municipales.
La ofensiva se plasmó en las tres denuncias aludidas, que tienen carácter civil y que, por tanto, se pueden retirar o abandonar judicialmente. La relativa a la supuesta ilegalidad del sueldo del presidente fue interpuesta tras conocer una carta de la dirección general de Economía de la Junta que señalaba que el presidente de la General no era ejecutivo y no podía "percibir retribución alguna".