Forosur pide al Gobierno un nuevo régimen fiscal para la construcción naval
El Foro Marítimo e Industrial del Sur (Forosur), un organismo que acoge a todas las empresas e instituciones que desarrollan su actividad en estos ámbitos, va a solicitar al Gobierno que apruebe un nuevo régimen de fiscalidad especial para las empresas navieras nacionales. La propuesta, presentada por la asociación de navieros (Anave) y avalada por la de constructores navales (Uninave), pretende situar a España al mismo nivel que el resto de países europeos con industrias navales, una vez que en 2001 concluye la autorización de la Unión Europea a las ayudas estatales a este sector. Otros paíse...
El Foro Marítimo e Industrial del Sur (Forosur), un organismo que acoge a todas las empresas e instituciones que desarrollan su actividad en estos ámbitos, va a solicitar al Gobierno que apruebe un nuevo régimen de fiscalidad especial para las empresas navieras nacionales. La propuesta, presentada por la asociación de navieros (Anave) y avalada por la de constructores navales (Uninave), pretende situar a España al mismo nivel que el resto de países europeos con industrias navales, una vez que en 2001 concluye la autorización de la Unión Europea a las ayudas estatales a este sector. Otros países como Grecia, Alemania, Noruega y Finlandia ya han adoptado medias similares. Ese nuevo régimen de ayudas fiscales encajaría dentro del nuevo marco comunitario fijado por la UE, frente a las tradicionales ayudas públicas. Los promotores de la iniciativa esperan que el Ministerio de Fomento la traslade al de Hacienda para que se incluya en el debate parlamentario sobre la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2001.
"La entrada en vigor de la norma favorecería la actividad naviera en general y la inversión en buques", dijo ayer Rafael Román (PSOE), presidente de la Diputación de Cádiz.
Los integrantes de Forosur advierten de que su propuesta "no asume el menoscabo de la progresividad como principio del sistema fiscal español ni la exención de la obligación de contratación de personal siguiendo la normativa legal española, y su obligatoria contribución a la Seguridad Social por parte de las empresas, que pudiera derivarse del uso de pabellones ajenos al español".