Pactos
La retirada / secuestro del Catecismo en valenciano por parte del obispo de Segorbe, precisamente cuando estamos en puertas de la negociación que ha de proveer los veintiún académicos de la AVL, pone de manifiesto la endeblez del alcance social de los ya añejos pactos políticos a propósito del régimen de cooficialidad del valenciano.Si en su tiempo la Constitución española fue un avance sustancial aunque deficiente del estatus de las lenguas diferentes al castellano en España, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aunque fiel reflejo de las limitaciones del art. 3 de la C...
La retirada / secuestro del Catecismo en valenciano por parte del obispo de Segorbe, precisamente cuando estamos en puertas de la negociación que ha de proveer los veintiún académicos de la AVL, pone de manifiesto la endeblez del alcance social de los ya añejos pactos políticos a propósito del régimen de cooficialidad del valenciano.Si en su tiempo la Constitución española fue un avance sustancial aunque deficiente del estatus de las lenguas diferentes al castellano en España, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aunque fiel reflejo de las limitaciones del art. 3 de la Constitución, fijaba el concepto de "lengua propia" y permitió, a su amparo, pactar una ley de mínimos para el uso del valenciano (uno de los mejores logros del entonces consejero de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Ciprià Ciscar). Más de tres lustros después de la Llei d'Alacant, y teniendo en cuenta que su despliegue ha sido bastante remilgado a excepción de la enseñanza de la lengua en la Educación Obligatoria y del establecimiento de un tímido modelo de separación lingüística en ese ámbito, aquella ley, que disponía de escasísimos objetivos irrenunciables, se revela insuficiente para apoyar políticas de consolidación de los derechos lingüísticos de los usuarios del valenciano, y no constituye freno efectivo para actuaciones como la referida del obispo de Segorbe.
Parece un contrasentido grave que en los momentos en que las fuerzas políticas que reúnen el apoyo de más del ochenta por cien de los electores están buscando las fórmulas que permitan encontrar los perfiles pertinentes para consensuar los futuros miembros de la AVL, asistamos a noticias tan poco alentadoras como esta restricción del uso del valenciano para unos usuarios, los católicos en formación, que, lógicamente, han de optar, o bien por la obediencia debida a sus dirigentes o por la abierta defensa de sus derechos como usuarios de la lengua propia de los valencianos.
Por eso, no es suficiente (siendo como es, necesario) que el consenso alcance a la designación de los miembros de la AVL; será menester, como pidió sin éxito el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ximo Puig, que las fuerzas políticas propicien un pacto para consolidar los derechos lingüísticos, ampliar los ámbitos de uso e invertir en política lingüística sin esperar a que sea el propio tesón de los ciudadanos el que lleve a resultados más o menos decentes al proceso de normalización/equiparación de las oportunidades que se presentan a los usuarios de las dos lenguas oficiales en la Comunidad.
La tardanza en resolver el conflicto político a propósito de la identidad del valenciano fue un golpe de calculadas consecuencias al proceso de normalización / equiparación, un designación de los miembros de la AVL, siendo como es un acto de obligado cumplimiento, tampoco asegura que se destierren actitudes de hostilidad hacia ese tesoro histórico que es el instrumento de comunicación de la mayor parte del pueblo valenciano. Por ello, al día siguiente de la constitución solemne de la AVL, que sin duda será un hito histórico en favor de la lengua de los valencianos, tendrán que sentarse a hablar de otra asignatura pendiente: el rango social del valenciano. Entonces, ya no habrá excusas con la referencia cómoda al conflicto de las ortografías, porque, además, tendrán que prestigiar a la AVL con políticas lingüísticas que recuperen el tiempo perdido.
Vicent.Franch@uv.es