¿Se acabó el 'laisser faire'?

El escándalo de las subvenciones para formar a los desempleados parece haber abierto una brecha entre los coaligados de CiU. Ayer, por primera vez, el consejero de Economía, Artur Mas, lanzó dos serias advertencias al Departamento de Trabajo de la Generalitat, que siempre ha controlado el partido de Duran Lleida. Mas anunció que la Intervención General de la Generalitat, que depende de Economía, investigará el destino de los fondos de formación ocupacional denunciados como irregulares en los tribunales de justicia. El segundo aviso del consejero es que no habrá partidas especiales para el Depa...

El escándalo de las subvenciones para formar a los desempleados parece haber abierto una brecha entre los coaligados de CiU. Ayer, por primera vez, el consejero de Economía, Artur Mas, lanzó dos serias advertencias al Departamento de Trabajo de la Generalitat, que siempre ha controlado el partido de Duran Lleida. Mas anunció que la Intervención General de la Generalitat, que depende de Economía, investigará el destino de los fondos de formación ocupacional denunciados como irregulares en los tribunales de justicia. El segundo aviso del consejero es que no habrá partidas especiales para el Departamento de Trabajo con las que compensar el bloqueo de los 2.329 millones de pesetas del Fondo Social Europeo decidido por Bruselas.Es todo un cambio, si tenemos en cuenta el laisser faire con el que el Gobierno de la Generalitat ha tratado todo lo referente al Departamento de Trabajo. Mas quizá ha olvidado que la Intervención General ya estuvo analizando hace dos años los tres centros de Pallerols (Ceif, Teo y And). El control financiero ya encontró en ellos gastos mal justificados; viajes de los estudiantes / parados a Andorra computados como gastos; importantes desviaciones sobre los presupuestos de los cursos; dietas en el extranjero injustificables e imputadas como gastos de los cursos e importantes partidas por material didáctico producido y adquirido al propio grupo Pallerols.

A pesar de los exhaustivos controles de la Intervención General -que incluso tuvo que forcejear con las empresas de Pallerols para acceder a las contabilidades- la investigación no tuvo ningún efecto práctico. Centenares de millones de pesetas continuaron llegando al empresario andorrano. Incluso cuando el Juzgado de Instrucción número 9 abrió sumario contra Pallerols a instancia de dos profesores de sus centros en Girona, Trabajo mantuvo las ayudas. Y en el último reparto de ayudas comunitarias, Lluís Franco, recién llegado al cargo de consejero de Trabajo, aprobó que Pallerols recibieran 250 millones de pesetas. Para entonces, sólo el centro de Pallerols en Barcelona continuaba en funcionamiento.