Los 'paranyers' salen a cazar al desconocer la suspensión de las autorizaciones por el TSJ

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de suspender cautelarmente el decreto de la Consejería de Medio Ambiente que establece las condiciones y permisos para la caza por el sistema del parany, no impidió ayer la salida masiva de los cazadores, sorprendidos por el auto judicial en la primera jornada de la temporada. El auto del TSJ se emitió el miércoles y ayer, los afectados esgrimieron los permisos concedidos por Medio Ambiente para iniciar la caza al argumentar que desconocían la medida judicial que invalida de momento sus autorizaciones.

Un buen número de ...

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de suspender cautelarmente el decreto de la Consejería de Medio Ambiente que establece las condiciones y permisos para la caza por el sistema del parany, no impidió ayer la salida masiva de los cazadores, sorprendidos por el auto judicial en la primera jornada de la temporada. El auto del TSJ se emitió el miércoles y ayer, los afectados esgrimieron los permisos concedidos por Medio Ambiente para iniciar la caza al argumentar que desconocían la medida judicial que invalida de momento sus autorizaciones.

Un buen número de paranyers, ya instalados en sus puntos de caza, aseguraban ayer desconocer la medida. Otros, tras un "algo he oído, pero no sé nada, aquí tengo mi permiso" prosiguieron con la práctica de este método que califican de ancestral. El presidente de la Asociación de Paranyeros (Apaval), Pasqual Batalla, se mostró contrariado, más que con la decisión judicial, con Acció Ecologista-Agró por su lucha contra el parany. La organización ecologista recurre desde hace años las órdenes anuales de Medio Ambiente que conceden los permisos para la caza de tordos con el parany, con el argumento principal que se trata de una caza "masiva y no selectiva" que deja atrapados en la liga o visc con que se untan las ramas de los árboles a especies protegidas. Dado que el recurso tardará en resolverse, Agró pidió la suspensión de los permisos de esta temporada para evitar "daños al medio ambiente de reparación imposible". El TSJ ha apoyado el argumento y la suspensión estará vigente al menos hasta el 17 de octubre, cuando deberán reunirse las partes con el tribunal para revisar o no la medida.

Según Batalla, el auto afecta a entre 16.000 y 17.000 personas, ya que los cazadores se trasladan, junto a su familia y amigos al monte, donde junto al parany levantan casetas o massets para pasar la noche. "Ésta no es una práctica individual, sino un fenómeno social que se da durante octubre", indicó Batalla, quien consideró "lógico" que los cazadores salieran a cazar ayer, puesto que desconocían la decisión judicial.

La suspensión del decreto ha provocado también la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de Apaval, que cuenta con más de 4.000 asociados, y que se celebrará mañana. "Nos pondremos en contacto con nuestros abogados y el asesor jurídico en Bruselas", aseguró Batalla, con el fin de recurrir esta decisión del TSJ. La asociación de paranyers asegura contar con un informe, avalado académicamente, que mantiene que su práctica sí es selectiva, al contrario de lo afirman los informes y la legislación que manejan los ecologistas. Los cazadores alegan una discriminación respecto a Cataluña puesto que, según Batalla, allí están practicando la caza desde el 8 de octubre "de manera absolutamente reglada y controlado".

Mientras, el delegado de la Federación de Caza en Castellón, José Capella, afirmó: "Todos sabíamos que este decreto iba a tener problemas". Además del descontento, tanto de cazadores como de ecologistas, Capella apuntó que el intento de regular esta práctica, por parte del Consell, lejos de favorecerla, "firmó su sentencia de muerte". Capella añadió que la federación se encuentra al margen debido a que este tipo de caza "es un asunto que no está totalmente legislado".

En 1997 el TSJ consideró al parany como un arte de caza ilegal y prohibido por la legislación internacional, europea y española, pero sólo declaró "contraria a derecho" la normativa elaborada por la consejería para 1994, lo que no afectó a los permisos de otros años, ya que la orden se establece anualmente.