Socialistas, CiU y CC esperan "concesiones" del Gobierno para apoyar la nueva Ley de Extranjería

El Gobierno superó ayer el primer asalto de la llamada "contrarreforma" de la Ley de Extranjería. Los votos sumados de populares, Coalición Canaria y CiU tumbaron las seis enmiendas a la totalidad presentadas, -sólo apoyadas por los 19 diputados de los partidos promotores-, en una holgada votación en la que el PSOE se abstuvo como señal de buena voluntad para un futuro acuerdo sobre la reforma. Socialistas, convergentes y canarios dejaron claro que sólo apoyarán la ley en el debate final si arrancan al Gobierno "concesiones", especialmente sobre los derechos de los inmigrantes.

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El Gobierno superó ayer el primer asalto de la llamada "contrarreforma" de la Ley de Extranjería. Los votos sumados de populares, Coalición Canaria y CiU tumbaron las seis enmiendas a la totalidad presentadas, -sólo apoyadas por los 19 diputados de los partidos promotores-, en una holgada votación en la que el PSOE se abstuvo como señal de buena voluntad para un futuro acuerdo sobre la reforma. Socialistas, convergentes y canarios dejaron claro que sólo apoyarán la ley en el debate final si arrancan al Gobierno "concesiones", especialmente sobre los derechos de los inmigrantes.

Apenas siete meses después de la entrada en vigor de la actual Ley de Extranjería, el ministro del Interior, Jaime Mayor, tuvo que defender ayer la reforma del texto con un argumento nuevo -"la realidad ha desbordado las previsiones de la ley"- y dos ya conocidos: la necesidad de adaptarse a la política comunitaria y de establecer la capacidad de acogida real de España. Mayor pidió "prudencia y orden" para evitar caer "en los errores" de otros países y para no repetir "la indefinición y confusión" de algunos aspectos de la ley orgánica que menos tiempo va a estar en vigor. "No se puede hacer política sobre lo irregular (...) y el camino no es facilitar al máximo el paso de la situación de inmigrante ilegal a la de legal", sentenció. La oposición en bloque rechazó los argumentos básicos del Gobierno. Los enmendantes (Chunta Aragonesista, PNV, IU, Iniciativa per Catalunya, BNG y EA) negaron que la ley hubiera sido desbordada por la realidad porque apenas le ha dado tiempo a echar a andar y porque ni siquiera se ha elaborado su reglamento. Además, reprocharon al Gobierno su "campaña alarmista" sobre el supuesto efecto llamada de la ley. Pero sobre todo criticaron el modelo policial y de recorte de derechos y libertades que, a su juicio, consagra el proyecto de reforma. Margarita Uría, del PNV, advirtió al Ejecutivo de que la norma puede ser inconstitucional. Por su parte, Francisco Frutos, de IU, tras adherirse a los argumentos de Uría, se quejó del "retroceso" de CiU ante el proyecto e hizo votos para que el PSOE no haga lo mismo.

El socialista Jesús Caldera se sacudió la reprimenda de Frutos, asegurando que su partido no ha cambiado de actitud. Caldera insistió en la necesidad de un pacto de Estado sobre la inmigración y defendió la abstención del PSOE como "una renuncia a la dialéctica del enfrentamiento" para alcanzar futuros acuerdos. El diputado socialista distinguió entre "principios irrenunciables" en torno a la inmigración y objetivos, sobre los que sí caben cesiones y acuerdos. Caldera condicionó el posible apoyo final del PSOE a la reforma a la aceptación de algunas de sus 50 enmiendas. "No renunciamos a un acuerdo de toda la Cámara. Ahora le toca al PP y al Gobierno mover ficha. Nuestro voto final estará ligado a que se cumplan algunas condiciones", dijo.

El Gobierno sí logró el voto favorable a sus tesis de CiU y Coalición Canaria, que consideraron la ley actual como "reformable", siempre que la propuesta del Ejecutivo "no sea cerrada" y que conlleve la adopción de "una política global" sobre inmigración. Carles Campuzano, del Grupo Catalán, avisó de que el Gobierno "no tiene garantizado el apoyo de CiU", formación que fijará su posición final "en función del desarrollo del trámite parlamentario". "Si cree que la única postura válida es la suya, se equivoca", subrayó Campuzano, para quien el "buen tono" mantenido por el Gobierno en las negociaciones "debe concretarse con las enmiendas". En la misma línea se expresó Paulino Rivero (CC), para quien algunas posturas de los populares están haciendo muy difícil el consenso.

Socialistas e IU se quejaron formalmente de los "empujones" propinados por la policía a los representantes de varias ONG que pretendían entregar en el Congreso un manifiesto por la convivencia. Entre las empujadas estaba la diputada socialista Delia Blanco.