Interior fijará la indemnización al agricultor tiroteado hace 28 años
El Ministerio del Interior es quien ahora tiene la palabra sobre la posible indemnización a Joaquín Gil Carrasco, el agricultor de Los Barrios (Cádiz) tiroteado por error en 1972 por la Guardia Civil. La notificación que recibió el lunes Gil Carrasco de la sentencia que condenó en 1973 al cabo de la Guardia Civil que le disparó siete veces en la pierna derecha no es más que el comienzo de un proceso que, según la disposición del Estado a indemnizarle, podría llegar a durar hasta diez años.El cabo primero José Caballero Sánchez Zapillo fue condenado el 3 de octubre de 1973 a cuatro meses de arr...
El Ministerio del Interior es quien ahora tiene la palabra sobre la posible indemnización a Joaquín Gil Carrasco, el agricultor de Los Barrios (Cádiz) tiroteado por error en 1972 por la Guardia Civil. La notificación que recibió el lunes Gil Carrasco de la sentencia que condenó en 1973 al cabo de la Guardia Civil que le disparó siete veces en la pierna derecha no es más que el comienzo de un proceso que, según la disposición del Estado a indemnizarle, podría llegar a durar hasta diez años.El cabo primero José Caballero Sánchez Zapillo fue condenado el 3 de octubre de 1973 a cuatro meses de arresto mayor y a una multa de 5.000 pesetas por los hechos ocurridos el 29 de septiembre de 1972, cuando tiroteó por error a Gil Carrasco. Las heridas provocaron la amputación por gangrena de la pierna derecha del agricultor.
El abogado Carlos Feijoo ha logrado reactivar el caso 28 años después de los hechos. La notificación de la sentencia es, para Feijoo, el primer paso a recorrer hasta conseguir que se haga justicia en un camino que estará lleno de obstáculos.
Desde que el letrado presentó en 1999 una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Defensa en la que reclamaba la notificación de la sentencia y una indemnización de 125 millones de pesetas, las actuaciones han pasado de Defensa al Consejo de Estado y, de allí, al Ministerio del Interior, donde ahora se encuadra la Guardia Civil.
Interior debe resolver la parte económica de la reclamación. Si Gil Carrasco no queda conforme y recurre, el caso pasará a la jurisidicción contencioso-administrativa. Su decisión podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo.