Los responsables de Radio Aldamar recurren su encarcelamiento
Los responsables de Radio Aldamar y la empresa Don Pincel, Rosalía Domínguez y su marido Eduardo Arrese-Igor, recurrieron ayer su prisión provisional, decretada el pasado viernes por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián. El matrimonio ingresó ese mismo día en la cárcel de Martutene, donde permanece. El encarcelamiento de los responsables de Radio Aldamar es consecuencia de un proceso legal que iniciaron más de una veintena de trabajadores, mayoritariamente periodistas. Arrese-Igor y Domínguez, dicen, no cumplieron lo acordado, por lo que les demandaron por despido improcedente, ...
Los responsables de Radio Aldamar y la empresa Don Pincel, Rosalía Domínguez y su marido Eduardo Arrese-Igor, recurrieron ayer su prisión provisional, decretada el pasado viernes por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián. El matrimonio ingresó ese mismo día en la cárcel de Martutene, donde permanece. El encarcelamiento de los responsables de Radio Aldamar es consecuencia de un proceso legal que iniciaron más de una veintena de trabajadores, mayoritariamente periodistas. Arrese-Igor y Domínguez, dicen, no cumplieron lo acordado, por lo que les demandaron por despido improcedente, estafa, amenazas y alzamiento de bienes. La contrataciones no se realizaban según las reglas más habituales en las relaciones laborales. Los trabajadores debían pagar de antemano 2.500.000 pesetas, bajo el compromiso de que se les devolvería el dinero en su totalidad. Eso sí, el matrimonio se reservaba el derecho a rescindir el contrato en los seis primeros meses y en ese caso se comprometía a abonar las cantidades pendientes. Sin embargo, el contrato establecía que si fuera el empleado quien decidiera abandonar la empresa perdería el dinero no devuelto.
Los responsables no cumplieron con lo acordado, según el tribunal. Los empleados "no vieron devueltas las cantidades comprometidas" e incluso no percibieron "las nóminas correspondientes a su trabajo". La juez que instruye el caso cree que "existen indicios razonables de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores" y observa "un riesgo de fuga". Por eso decreto su prisión provisional comunicada bajo fianza de 40 millones de pesetas.