Más ruido que nueces

El Gobierno pretende acallar la protesta contra el alza del gasóleo con medidas de eficacia muy limitada en el campo

Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa de las organizaciones agrarias una propuesta de medidas de apoyo al sector para compensar la subida de los precios del gasóleo. La oferta propuesta fue recibida como un avance muy importante por Pedro Barato, responsable de Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y vicepresidente de la CEOE, y por José Manuel de las Heras, de la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y r...

El Gobierno pretende acallar la protesta contra el alza del gasóleo con medidas de eficacia muy limitada en el campo

Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa de las organizaciones agrarias una propuesta de medidas de apoyo al sector para compensar la subida de los precios del gasóleo. La oferta propuesta fue recibida como un avance muy importante por Pedro Barato, responsable de Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y vicepresidente de la CEOE, y por José Manuel de las Heras, de la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y rechazada desde un principio por el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda.Frente al optimismo oficial y al que se derivaba de la buena acogida a la propuesta por parte de los dirigentes de Asaja y COAG, los agricultores mostraron su rechazo frontal a la propuesta del Gobierno por considerarla totalmente insuficiente.

Las medidas de apoyo para el sector agrario ofrecidas por el Gobierno se concretan en cinco puntos: mejora del trato fiscal en el IRPF; aumento del IVA percibido del 5% al 7%; posibilidad de venta de gasóleo a terceros en las cooperativas; impulso al ahorro de combustible en la explotación y 30.000 millones de créditos baratos. La Administración evalúa el coste del conjunto de estas medidas en unos 50.000 millones de pesetas, cifra similar a la que según el Gobierno ha supuesto para el sector el incremento de los precios del petróleo.

Partiendo del principio de que el Gobierno no haría ninguna concesión en la bajada del impuesto especial sobre hidrocarburos de 13,09 pesetas, principal reivindicación del sector agrario, el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, se vio obligado a hacer un encaje de bolillos para dar forma a lo que parece un gran compromiso y conlleva más ruido que nueces. A grandes rasgos éstas son las consecuencias de la propuestas:

- Reforma de la fiscalidad para el campo. El Gobierno propone para este mismo año una rebaja en los módulos del IRPF y la posibilidad de reducir en un 35% la factura de los gastos por gasóleo a partir de 2001. La Administración evalúa la medida en 12.000 millones, pero, a la mayor parte del sector agrario, le ha dejado indiferente.

La fiscalidad agraria por el sistema de módulos es ya una de las más favorables. La Administración se ha negado a dar datos sobre lo que recauda Hacienda en el campo por el sistema de módulos en el IRPF y sobre el número de agricultores afectados. Según estimaciones del sector, los ingresos no superan 100.000 millones y el 80% de las declaraciones son negativas. Para el campo, carece de interés seguir rebajando módulos, porque la mayor parte de los agricultores acogidos al sistema ya están exentos de pagar. En consecuencia, se trata de una medida más teórica que real que sólo beneficiará a un colectivo mínimo.

El aumento del IVA percibido por el sector agrario del 5% al 7% constituye la única medida que supone realmente la posibilidad de retornar dinero al sector. El Gobierno se ha comprometido a que el proceso para poder aplicar ese 7% sería casi inmediato. Hay que destacar que se trata de un aumento no coyuntural, sino con idea de que se mantenga en el futuro. Oficialmente se valora cada punto en un retorno de 17.000 millones de pesetas. Es una medida positiva, pero corta para los intereses de quienes están pagando cara la factura del gasóleo. En este momento, de la producción final agraria, el 60% corresponde a la agricultura, y el 40%, a la ganadería. Por contra, del consumo de gasóleo, unos 3.000 millones de litros, más del 80%, corresponde a la actividad agrícola y menos del 20%, a los ganaderos. Modificar el tratamiento del IVA beneficiaría más a los últimos, que verían aumentar sus ingresos sin haber sufrido tanto el efecto de la subida.

- Venta de gasóleo en cooperativas. Que las cooperativas puedan vender gasóleo a terceros puede suponer un ahorro en gasóleo de entre seis y ocho pesetas por litro. Pero, para que se produzca esa rebaja, es indispensable que las grandes compañías de distribución ofrezcan un suministro a buenos precios y que no lleven a cabo, como ha sucedido en los últimos meses, una política de acoso y derribo a las entidades asociativas al venderlas gasóleo a precios superiores a los que estaban vendiendo al público en las estaciones de servicio cercanas. La medida no es eficaz si no hay un control sobre las distribuidoras.

- Impulso al ahorro de carburantes. Es importante la propuesta oficial para ahorrar carburante en el medio rural y potenciar energías alternativas. Pero no pasa de ser un simple relleno en la propuesta oficial. Se trata de una apuesta a medio plazo, que no se puede presentar como un paraguas para frenar el chaparrón que está cayendo.

- Programa de créditos. La oferta de un plan de créditos a interés bajo por 30.000 millones es un viejo recurso al que acude el Gobierno, cualquier gobierno, para tapar los problemas, pero de escasa utilidad porque se sabe que son pocos quienes se van a acoger. La propuesta es rechazable por lo que tenía de medida de presión, al señalar que los fondos serán gestionados de las organizaciones agrarias que firmaran la propuesta.