Cinismo universal

La democracia es un sistema político que descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. En democracia se puede discutir de casi todo, pero no de todo. El derecho a la vida y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes no es discutible. De la misma manera que no lo es el que nadie puede ser condenado sin un proceso previo con todas las garantías o que cualquier persona sólo puede ser privada de su propiedad mediante un procedimiento expropiatorio previa la indemnización correspondiente. O que tiene que existir un parlamento elegido por sufragio univ...

La democracia es un sistema político que descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. En democracia se puede discutir de casi todo, pero no de todo. El derecho a la vida y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes no es discutible. De la misma manera que no lo es el que nadie puede ser condenado sin un proceso previo con todas las garantías o que cualquier persona sólo puede ser privada de su propiedad mediante un procedimiento expropiatorio previa la indemnización correspondiente. O que tiene que existir un parlamento elegido por sufragio universal y un poder judicial independiente e imparcial, únicamente sometido al imperio de la ley. Y pocas cosas más de este tipo.Es la indiscutibilidad de estas pocas cosas lo que nos permite discutir civilizadamente todo lo demás.Que yo sepa a nadie se le ha ocurrido jamás considerar que, entre las cosas indiscutibles en democracia, deba figurar la designación del director de la radio y televisión pública por el Gobierno, sea el del Estado o sea el de una comunidad autónoma. Si a alguien se le hubiera ocurrido incluir esta competencia gubernamental entre las cosas indiscutibles, todo el mundo pensaría que es un loco o un cínico.

Y sin embargo, la designación gubernamental del director del correspondiente ente público es de las cosas que, en España, parecen pertenecer a esa categoría. Dicha designación parece haberse convertido en un dogma en nuestra vida política. Y utilizo el término en su sentido fuerte, es decir, como expresión de una proposición que puede ser discutida "desde fuera", pero no "desde dentro". Los partidos que no tiene la posibilidad de llegar a ser Gobierno, pueden discutirlo. Pero los partidos que tienen la posibilidad de llegar a serlo, no. Sea el Gobierno del color que sea e independientemente de su ámbito territorial, la designación gubernamental del director de la radio-televisión no se pone jamás en cuestión. Casi me atrevería a decir que, tal como está el patio, veremos antes el tránsito de la Monarquía a la República que el de la designación gubernamental a la parlamentaria del director de la radio-televisión pública.

El cinismo con que se actúa en este terreno es realmente extraordinario. Y además universal. Todos los partidos, cuando están en la oposición, defienden una cosa y cuando llegan al Gobierno, hacen otra distinta. José María Aznar prometió, antes de llegar a la Moncloa, que designaría como director de radiotelevisión a alguien independiente y acabó nombrando a López Amor, que no sólo era parlamentario del PP en el momento de su designación, sino que había sido antes concejal en el Ayuntamiento de Madrid y había sido, además, condenado mediante sentencia firme por utilizar su puesto de inspector de Hacienda para perseguir a un rival político y promocionarse personalmente. Y como sustituto de López Amor puso a Pío Cabanillas, al que ha nombrado después del 12-M portavoz del Gobierno, como reconocimiento, sin duda, a los servicios prestados.

Y de la misma manera se procede por parte del PSOE, como hemos tenido ocasión de ver esta misma semana, con la designación del portavoz del Gobierno andaluz como director de RTVA. El camino seguido por el presidente Chaves ha sido el inverso al seguido por el presidente Aznar. Si en el Estado se pasó de la dirección de RTVE a ministro portavoz, en Andalucía se ha pasado de consejero portavoz a director de RTVA. El orden de los factores, como me imagino que le seguirán enseñando a los niños en los colegios, no altera el producto.

El régimen jurídico de las radio-televisiones de titularidad pública es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. No veo suficiente televisión como para poder pronunciarme sobre la calidad de la programación y sobre si existe alguna diferencia respecto de la programación de las televisiones privadas, que justifique la enorme cantidad de recursos públicos que consumen. Por lo que leo en los periódicos, me parece que no. Pero no lo sé. De lo que sí estoy seguro, porque sí he seguido con regularidad los informativos de las cadenas públicas, es de que, más que un medio de formación de la opinión pública, las televisiones públicas son instrumento de manipulación y de deformación de la opinión. Desde el punto de vista de la formación de la opinión pública como presupuesto de la democracia, es evidente que las radio-televisiones públicas no pueden justificar su existencia y la enorme cantidad de recursos que consumen. Sin los informativos de las televisiones públicas no estaríamos menos y peor informados de lo que lo estamos con ellos.

En todas partes: en el Estado, en las nacionalidades y en las regiones. Esta es una regla sin excepción. Para que ello sea posible, la designación gubernamental del director del ente es una conditio sine qua non.

En las pasadas elecciones el candidato del PSOE, Joaquín Almunia, se comprometió en debate en el pleno del Congreso de los Diputados, a renunciar a la designación del director de RTVE en el caso de que fuera presidente del Gobierno. Recientemente, el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, ha hecho suyo el compromiso de Joaquín Almunia. Pero, tras lo que ha sucedido en el pasado, es lógico que los ciudadanos no tengan mucha fe en el cumplimiento de estos compromisos una vez que se esté en la Moncloa.

Sobre todo, cuando el PSOE dispone de la posibilidad de hacerlo en una comunidad autónoma de las dimensiones de Andalucía y no lo hace. El argumento de que no se hace en Andalucía, porque no lo hacen los demás, es una muestra más del cinismo reinante. En la práctica viene a ser una confesión de que se está manipulando el proceso de formación de la opinión pública. ¿Cómo vamos a renunciar nosostros a hacerlo, si los demás no renuncian?

Comprendo que es difícil resistir la tentación de hacer uso de un instrumento tan poderoso. Pero elegir el camino más difícil es la garantía más segura de que se está actuando correctamente.