El fiscal del Supremo pide anular la expulsión de la juez Ramírez

La fiscalía del Tribunal Supremo solicita que se revoque el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se decretó la expulsión de la carrera judicial de Pilar Ramírez, ex juez decana de Marbella. En opinión del fiscal Rogelio Gómez Guillamón, autor del informe, los hechos por los que se expulsó a Ramírez "no están suficientemente acreditados" por lo que estima el recurso presentado por la ex magistrada. Si la Sala atiende la petición de la fiscalía, Ramírez volverá a ser juez.

El pasado 27 de enero la trayectoria profesional de Ramírez sufrió un brusco frenazo. ...

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La fiscalía del Tribunal Supremo solicita que se revoque el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se decretó la expulsión de la carrera judicial de Pilar Ramírez, ex juez decana de Marbella. En opinión del fiscal Rogelio Gómez Guillamón, autor del informe, los hechos por los que se expulsó a Ramírez "no están suficientemente acreditados" por lo que estima el recurso presentado por la ex magistrada. Si la Sala atiende la petición de la fiscalía, Ramírez volverá a ser juez.

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El pasado 27 de enero la trayectoria profesional de Ramírez sufrió un brusco frenazo. El CGPJ acordó expulsarla de la carrera por una falta muy grave: no abstenerse de intervenir en casos que afectaban a negocios de su padre y de su hermano y en los que la ex juez podía tener interés directo. El instructor del expediente disciplinario demostró que de 33 procedimientos civiles que afectaban a su familia, 16 fueron a parar al juzgado número 3, del que era titular Ramírez, y no se abstuvo en ninguno de ellos.El acuerdo del CGPJ por el que Ramírez perdía definitivamente su condición de juez desveló su intervención en diligencias en las que favoreció al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil, con el que sus familiares habían tenido relación en representación de Felice Cultrera y a Gianni Mennino, dos presuntos mafiosos italianos, cuyas sociedades suscribieron importantes convenios urbanísticos.

Ramírez, de 40 años, presentó un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En el mismo solicitaba la revocación de los dos acuerdos que adoptó contra ella el CGPJ. Ramírez pedía al Supremo que se revocara su expulsión, que se adoptó por 12 votos contra 9, y solicitaba que se anulara la sanción de un año de suspensión que le impuso ese mismo órgano al haber incumplido su deber de informarle sobre las actividades económicas de su padre y su hermano en Marbella. Por esa circunstancia estaba obligada a pedir el traslado forzoso de esa ciudad, que tiene menos de 100.000 habitantes, y no lo hizo.

El fiscal Gómez Guillamón ha emitido un dictamen en el que estima parcialmente el recurso presentado por la ex juez. Apoya la petición de ésta última de revocar el acuerdo de expulsión de la carrera judicial y desestima, en cambio, anular la suspensión por un año. Esta última sólo tendría efecto en el caso de que el Supremo revocase la expulsión.

El fiscal del Supremo confirmó a El PAÍS el contenido de su informe y explicó: "No corresponde la sanción de apartamiento de la carrera judicial que le fue impuesta a Pilar Ramírez. Después de examinar el caso estimo que no está suficientemente acreditado que la recurrente tuviera intereses en los asuntos de su familia. No está claro como para adoptar una decisión tan grave que la aparte de la carrera judicial de por vida".

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Gómez Guillamón añadió que el informe que ha dirigido a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo está "en la línea argumental" del voto particular de seis miembros del CGJP al acuerdo de expulsión.

El portavoz de ése órgano, Benigno Varela, explicó entonces que él y otros cinco vocales (cuatro del sector próximo al PP y uno a Coalición Canaria) que no apreciaron infracción, "no habían querido sancionar unas suposiciones o presunciones más o menos fundadas" y habían considerado que "cualquier forma de reproche de carácter moral o ético no alcanzaba a reunir en los hechos el tipo disciplinario que se le imputaba a la juez".

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