Frente a ETA

Contra el terrorismo de ETA es esencial la acción policial y judicial. De ahí que las últimas detenciones y actuaciones de la justicia resulten alentadoras. Pero los problemas políticos del País Vasco, perfectamente deslindables del totalitarismo asesino, requieren capacidad de diálogo. Lo saben muy bien los ciudadanos vascos, incapacitados de ejercer sus derechos democráticos, que están reaccionando cívica y pacíficamente al acoso insoportable de los violentos. La detención de 18 dirigentes de Ekin, considerados responsables políticos de ETA, y de uno de los más sanguinarios jefes etarras, Iñ...

Contra el terrorismo de ETA es esencial la acción policial y judicial. De ahí que las últimas detenciones y actuaciones de la justicia resulten alentadoras. Pero los problemas políticos del País Vasco, perfectamente deslindables del totalitarismo asesino, requieren capacidad de diálogo. Lo saben muy bien los ciudadanos vascos, incapacitados de ejercer sus derechos democráticos, que están reaccionando cívica y pacíficamente al acoso insoportable de los violentos. La detención de 18 dirigentes de Ekin, considerados responsables políticos de ETA, y de uno de los más sanguinarios jefes etarras, Iñaki de Rentería, en el sur de Francia marcan una inflexión en la lucha antiterrorista, que vuelve así a recuperar la iniciativa tras meses de incertidumbre. La satisfacción por estos éxitos policiales no debe convertirse, sin embargo, en euforia, en un momento de tensión creciente en las calles del País Vasco. Toda precaución es poca frente a las reacciones de los etarras, como la que estuvo a punto de costarle la vida a José Ramón Recalde. Ayer mismo, la policía vasca localizó una lanzadera con ocho granadas armadas provistas de temporizador en las inmediaciones del Museo Chillida en Hernani, poco antes de su inauguración por los reyes de España. Y a poca distancia, jóvenes violentos agredieron a José Ramón Chica, uno de los dos concejales socialistas en ese Ayuntamiento, en manos de EH.

Y no hay lugar a la euforia, sobre todo porque el viernes mismo el responsable de Interior del Gobierno vasco proporcionó muestras fehacientes de que el Estado de derecho y las libertades de los ciudadanos se hallan en cuestión en el territorio bajo la responsabilidad del lehendakari Ibarretxe. La policía autonómica vasca, siguiendo órdenes políticas bien claras, utilizó la fuerza para disolver a los manifestantes pacíficos que marchaban por las calles de San Sebastián en protesta por el atentado contra Recalde. Guiados por un intolerable e hipócrita principio de equidistancia, se limitaron a evitar el contacto de la manifestación pacífica con el grupo de proetarras que coreaban las consignas "ETA, mátalos" y "Gora ETA militarra". Acudiendo a la forma de la ley -los violentos contaban con permiso de manifestación-, no reprimieron un acto ilegal de apología del terrorismo y de intimidación de los ciudadanos pacíficos y disolvieron, en cambio, la protesta tranquila de quienes reclaman la plena vigencia del sistema de libertades en el País Vasco.

El presidente del Gobierno pide con razón "tenacidad" y "perseverancia" en la lucha antiterrorista y alienta a la movilización social frente a los atropellos. Pero esto requiere también la defensa de las libertades ciudadanas por parte de las fuerzas de orden público, y obliga a impulsar el diálogo político, para tender puentes en una sociedad al borde del abismo, en cuyo seno se agrava la división social.