La oposición del Rincón pedirá a la Junta que retire al ayuntamiento competencias urbanísticas

La oposición municipal del Rincón de la Victoria (Málaga), formada por el PSOE y el Partido Social Independiente (PSIRV) solicitará a la Consejería de Obras Públicas de la Junta que retire al ayuntamiento las competencias urbanísticas que tiene delegadas en él, como ya hizo con Marbella. La oposición pretende que la Junta ponga fin con esta medida a las recalificaciones de terrenos y modificaciones de ordenanzas municipales que el equipo de gobierno, formado por PP y PA, pretende llevar a cabo en varias parcelas del término municipal.

La legislación actual concede a determinados ayuntam...

La oposición municipal del Rincón de la Victoria (Málaga), formada por el PSOE y el Partido Social Independiente (PSIRV) solicitará a la Consejería de Obras Públicas de la Junta que retire al ayuntamiento las competencias urbanísticas que tiene delegadas en él, como ya hizo con Marbella. La oposición pretende que la Junta ponga fin con esta medida a las recalificaciones de terrenos y modificaciones de ordenanzas municipales que el equipo de gobierno, formado por PP y PA, pretende llevar a cabo en varias parcelas del término municipal.

Recalificación

La legislación actual concede a determinados ayuntamientos una importante cuota de autonomía en la gestión urbanística a través de la cesión de competencias como la aprobación de modificaciones de elementos de planes generales que no impliquen su revisión, o la aprobación de planes especiales.Esta cesión de competencias se revisa cada cinco años. El alcalde de El Rincón, el popular José María Gómez Muñoz, ha convocado un pleno extraordinario para el próximo martes en cuyo orden del día figura la petición de mantenimiento de estas facultades. El acuerdo entre PP y PA otorga a estas formaciones la mayoría en el pleno. Por eso, la oposición ha decidido recurrir a la administración autonómica para evitar la renovación del acuerdo.

"La Junta tiene que tomar cartas en el asunto, porque la política urbanística que está llevando a cabo el equipo de gobierno está en la más pura línea del desarrollismo de los años sesenta", afirma el portavoz socialista, José Jesús Domínguez Palma, quien ha solicitado una entrevista con la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz.

Pero ése no es el único punto del orden del día que puede generar polémica. El equipo de gobierno pretende también sacar adelante la recalificación de una parcela de la finca rústica Los Cerrillos, en la urbanización Cotomar, que figura como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para transformarla en suelo comercial.Para proceder a esta recalificación se ha empleado la fórmula del convenio urbanístico, la misma utilizada en otros proyectos polémicos del municipio, como el de construir cinco torres de 16 plantas y 24 de ocho en la Huerta Julián, una parcela donde la altura máxima prevista en el PGOU era de cinco.

En el caso de Los Cerrillos, la petición de recalificación la formuló en febrero su propietario, José Palma Aguilar. En la carta dirigida al Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se expone que la calificación de equipamiento público de la parcela que figura en el PGOU es "un error" porque en realidad "se trata de un equipamiento privado".

A continuación, el propietario solicita "que se subsane el referido error y, además, dado que sobre dicha parcela se pretende construir una edificación destinada a la actividad de supermercado, se califique como de equipamiento comercial". A cambio, se ofrece la cantidad de 20 millones de pesetas "para la mejora de la infraestructura de la zona".

El pasado 24 de agosto, el alcalde firmó un convenio con el propietario de la parcela en el que se aceptan las peticiones del particular a cambio de 27 millones de pesetas "para la mejora de la infraestructura o la ejecución de proyectos que afecten positivamente al municipio" y de otros 10 millones para el embovedado de un arroyo colindante con la parcela.

El PSOE y el PSIRV ya han anunciado que votarán en contra de esta modificación de elementos. En opinión del portavoz socialista, el convenio "hace agua por todos lados. Primero, porque no hay ningún argumento para justificar que el PGOU esté errado en cuanto a la calificación de la parcela. Segundo, porque si efectivamente se tratase de un error, no habría ningún motivo para tener que pagar por que se subsanase; el propietario estaría en su perfecto derecho de exigir la rectificación sin contapartidas". Por último, Domínguez considera injustificado que se asigne uso comercial a una parcela destinada equipamiento, ya sea público o privado. "La categoría de equipamiento comercial directamente no existe", concluye.