Alemania reacciona ante el neonazismo
La bomba neonazi que hace tres semanas estalló junto a la estación de ferrocarril de Düsseldorf e hirió a 10 inmigrantes, la mayoría de ellos judíos, ha servido de detonante de un proceso político, jurídico y social que puede tener inmensas consecuencias, y no sólo para Alemania. Todo indica que estamos ante la mayor reacción institucional en décadas de un Gobierno europeo contra esa plaga que es el neonazismo. Durante demasiado tiempo se ha ignorado, trivializado o minimizado la creciente expansión, sobre todo entre sectores de la juventud, del culto a la violencia, del desprecio a los valore...
La bomba neonazi que hace tres semanas estalló junto a la estación de ferrocarril de Düsseldorf e hirió a 10 inmigrantes, la mayoría de ellos judíos, ha servido de detonante de un proceso político, jurídico y social que puede tener inmensas consecuencias, y no sólo para Alemania. Todo indica que estamos ante la mayor reacción institucional en décadas de un Gobierno europeo contra esa plaga que es el neonazismo. Durante demasiado tiempo se ha ignorado, trivializado o minimizado la creciente expansión, sobre todo entre sectores de la juventud, del culto a la violencia, del desprecio a los valores del Estado de derecho y la democracia y del odio xenófobo. Y no sólo en Alemania. Pero es allí, en Alemania, donde por primera vez parecen unirse la voluntad política y la convicción de las fuerzas sociales de que es imprescindible salir al paso de un fenómeno que hoy supone probablemente la mayor amenaza para la convivencia en las democracias occidentales. El Gobierno del SPD y Verdes, la oposición de CDU y Liberales, los sindicatos y la patronal, los estados federados y los ayuntamientos han lanzado en las últimas semanas una masiva ofensiva política y legislativa para crear nuevos mecanismos de autodefensa de la democracia frente a las renovadas amenazas nazis. Entre las principales medidas podría estar la prohibición del Partido Nacionaldemocrático (NPD), al que ayer mismo le fue prohibida una manifestación ante el Tribunal Constitucional. Una comisión de expertos estudia desde esta semana la posibilidad de dicha ilegalización y en octubre presentará sus conclusiones a la conferencia de ministros del Interior, en la que participan el federal, Otto Schilly, junto a los de los estados federados.
Medidas legales de este tipo son difíciles en los Estados de derecho. Los nazis alemanes, como los miembros de ETA o de Euskal Herritarrok, son muy duchos en buscar protección en las garantías de unas constituciones que quieren destruir. Por eso nadie quiere arriesgar un proyecto de ilegalización que denegara el Tribunal Constitucional alemán y supusiera un triunfo político de dicho partido. Y no es desdeñable el argumento de los contrarios a dicha prohibición, que creen mejor controlado a este movimiento dentro de un partido legal que en la clandestinidad con aureola de resistencia al sistema.
Son muchos los países europeos en los que, alimentados por el miedo a la globalización, por el resentimiento social o por el nacionalismo, el racismo o la mitología etnicista, cada vez son más activos, más numerosos y más organizados los grupos neonazis. Y su disposición a recurrir a la violencia, como indican los servicios de información de las democracias europeas, aumenta día a día. Pero existe, además, otro factor que ha demostrado fomentar como pocos esta violencia del nazismo y la xenofobia, y es la falta de reacción social e institucional, que ha generado una percepción de impunidad para dichos actos que a la larga es insoportable para una sociedad democrática.
En Alemania ha sonado este verano ese "Basta ya" tan esperado por quienes han observado con creciente preocupación cómo el exceso de explicaciones sociológicas del fenómeno de la violencia fascista hacía olvidar la necesidad de su represión. El Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder había prestado hasta ahora poco más interés a esta cuestión que los sucesivos gabinetes del cristianodemócrata Helmut Kohl. Las diversas reformas económicas que habían estado estancadas durante muchos años en Alemania eran su máxima prioridad. En muchas ha tenido éxito, y Schröder puede hoy hacer balances que sólo los más optimistas de su partido habrían augurado. Ahora puede enfrentarse con solidez y energía a un problema que en Alemania tiene unas inevitables connotaciones históricas especiales, pero que afecta a todos los países de nuestro entorno y, por supuesto, a España.
Acabar con la impunidad, y con la apariencia de la misma, es una de las claves en esta movilización para defender unos valores y unas leyes de convivencia que, algunos lo olvidan, ha costado mucha sangre, esfuerzos y sabiduría construir. Las democracias europeas, las más antiguas como la británica, la alemana surgida de las cenizas de la guerra y el nazismo, la española tan añorada tanto tiempo y que tanto costó edificar, pero también las jóvenes democracias en Europa Central y Oriental, merecen respeto y su defensa consecuente. Alemania puede estar asumiendo en ello un liderazgo que debe ser bienvenido.