Teníamos un problema en La Punta y...
Imagínese que llega un día a su piso y, al abrir la puerta, se encuentra a unos individuos derribando tabiques y rompiéndole algunos muebles. Como usted es una persona civilizada, en vez de liarse directamente a mamporros les pregunta qué están haciendo allí y quién les ha autorizado a hacer lo que están haciendo. No exhiben ninguna licencia, ni la tienen, pero dicen estar ejecutando una obra pública por cuenta de una gran empresa. Usted se opone a que el destrozo continúe y acude a la policía municipal. Le miran con displicencia y le dicen: "Es que su casa está en una zona tan degradada...". ...
Imagínese que llega un día a su piso y, al abrir la puerta, se encuentra a unos individuos derribando tabiques y rompiéndole algunos muebles. Como usted es una persona civilizada, en vez de liarse directamente a mamporros les pregunta qué están haciendo allí y quién les ha autorizado a hacer lo que están haciendo. No exhiben ninguna licencia, ni la tienen, pero dicen estar ejecutando una obra pública por cuenta de una gran empresa. Usted se opone a que el destrozo continúe y acude a la policía municipal. Le miran con displicencia y le dicen: "Es que su casa está en una zona tan degradada...". Al final, los rompetabiques le denuncian y usted acaba bajo la amenaza de ser culpable de algo.Recurramos a ese adjetivo que tantas veces se usa sin ton ni son pero que ahora viene al caso: una situación kafkiana. Sí, sí, pero no imposible. Si usted vive en la huerta de La Punta, en Valencia, episodios como éste son perfectamente verosímiles e incluso frecuentes. En más de una ocasión, hemos escuchado narraciones parecidas en boca de las personas que forman parte de La Unificadora, la asociación de vecinos de la zona. Les ha ocurrido tantas veces que lo cuentan como si fuese algo rutinario, con una normalidad escalofriante.
La Punta es una zona de la huerta habitada por unos pocos centenares de familias y calificada todavía por el PGOU vigente como suelo no urbanizable de protección agrícola. Sus habitantes quieren que continúe así y mantienen, desde hace años, una resistencia tenaz contra todo tipo de agresiones. Para su desgracia, están demasiado cerca de una ciudad en expansión y demasiado cerca de un puerto más en expansión todavía. Así que llevan mucho tiempo aprendiendo el significado que, en tales circunstancias, tiene la palabra "licencia". Constatando que, sobre suelos teóricamente protegidos, puede haber depósitos de troncos sin licencia, bases de contenedores sin licencia, zanjas abiertas sin licencia... Es decir, comprobando que, en la práctica, todo vale para echarles de sus casas.
Una anécdota puede dar una idea del refinado acoso al que las personas que viven en La Punta están sometidas. Hace algunos años, tuvieron que enfrentarse a un proyecto municipal de carril-bici que en algunos tramos llegaba hasta los once metros de ancho. Viniendo del gobierno municipal de la Sra. Barberá, tanta generosidad con los ciclistas es casi conmovedora (y no vendría mal que la practicasen, por ejemplo, en los accesos a las zonas universitarias). Aunque, claro está, es inimaginable salvo si el terreno a ocupar es de huerta.
En las últimas semanas, el conflicto ha sido a causa del tendido de líneas de alta tensión. Las vecinas tuvieron que enfrentarse a un equipo enviado por Iberdrola que estaba abriendo una zanja sin licencia. El diario Levante titulaba así su información sobre los hechos: "Los trabajos en La Punta no están autorizados - Denuncian a directivos vecinales por obstaculizar obras ilegales". Sí, sí, han leído bien, la denuncia es contra quienes se opusieron a la obra ilegal, no contra quienes la llevaban a cabo.
Ahora son las líneas eléctricas. Mañana, probablemente, la conexión ferroviaria con el puerto. No discutiremos ahora la oportunidad de estas cosas. Pero es inquietante que, entre las diversas opciones, entre los varios trazados posibles, se elijan siempre los que pueden hacer más daño, los que más pueden favorecer el objetivo final: la definitiva asfaltización de esta zona de huerta. Todo sea por esa ZAL que, dicen ahora, se empezaría a construir dentro de un año (aunque las autoridades portuarias han vuelto a llenarnos de perplejidad al anunciar el proyecto inminente de otro megapuerto en Sagunt).
¿Licencias, trámites administrativos, negociación con los afectados, respeto a su dignidad y a sus derechos? ¡Zarandajas! Los poderes locales tienen un problema en La Punta... y están resolviéndolo. La peculiar interpretación de las garantías democráticas que Mayor Oreja ensayó con los inmigrantes africanos parece ya aplicable a grupos autóctonos vulnerables (por ejemplo, en las huertas periurbanas). Sigamos tolerándolo y averiguaremos hasta dónde son capaces de llegar.
Ernest García y Emèrit Bono son profesores de la Universidad de Valencia.