El Poder Judicial rechaza la exigencia en el uso de las lenguas autonómicas
El pleno monográfico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las 120 propuestas de reforma de la justicia, que proseguirá el martes próximo, negó ayer su aprobación al texto que planteaba un avance exigente hacia el uso de las lenguas autonómicas por parte de los jueces. En cambio, hubo acuerdo sobre asistencia jurídica a extranjeros.La propuesta rechazada decía así: "Se incorporarán de modo progresivo criterios de preceptividad del conocimiento de la lengua autonómica y se regularán las licencias y permisos necesarios para su aprendizaje".
Previamente, el texto que establec...
El pleno monográfico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las 120 propuestas de reforma de la justicia, que proseguirá el martes próximo, negó ayer su aprobación al texto que planteaba un avance exigente hacia el uso de las lenguas autonómicas por parte de los jueces. En cambio, hubo acuerdo sobre asistencia jurídica a extranjeros.La propuesta rechazada decía así: "Se incorporarán de modo progresivo criterios de preceptividad del conocimiento de la lengua autonómica y se regularán las licencias y permisos necesarios para su aprendizaje".
Previamente, el texto que establecía que los órganos judiciales "deberán estar plenamente capacitados para su cometido en las correspondientes lenguas autonómicas" se suavizó mediante la supresión del término "deberán" y la indicación de que tales órganos se irán acomodando a esa capacitación, sin una exigencia precisa.
En el capítulo de acceso a la justicia, se aprobó la propuesta según la cual "los extranjeros tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en condiciones análogas a las de los ciudadanos españoles".
En materia de representación procesal y defensa, se aprobó que se implanten sistemas de formación y superación de pruebas previas al inicio del ejercicio profesional para abogados, procuradores y graduados sociales y se requerirá una antigüedad mínima para actuar ante los tribunales superiores autonómicos y estatales.
Las propuestas sobre transparencia judicial y atención al ciudadano fueron también aprobadas.