Editorial:

El TPI avanza

La firma en Roma del estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha cumplido dos años. El proyecto va avanzando: 97 Estados han firmado este tratado y 14 de ellos lo han ratificado. En España ya ha pasado su trámite principal en el Congreso, faltando tan sólo la aprobación, quizá en septiembre, del Senado. Sin embargo, EE UU sigue sin ser parte, aunque no se haya descolgado del proyecto y de la negociación del reglamento y de otros textos complementarios del TPI. De hecho, está dando la batalla para evitar que sus representantes diplomáticos y soldados, sin su autorización, se vean afectad...

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La firma en Roma del estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha cumplido dos años. El proyecto va avanzando: 97 Estados han firmado este tratado y 14 de ellos lo han ratificado. En España ya ha pasado su trámite principal en el Congreso, faltando tan sólo la aprobación, quizá en septiembre, del Senado. Sin embargo, EE UU sigue sin ser parte, aunque no se haya descolgado del proyecto y de la negociación del reglamento y de otros textos complementarios del TPI. De hecho, está dando la batalla para evitar que sus representantes diplomáticos y soldados, sin su autorización, se vean afectados por esta jurisdicción si se encuentran en países terceros que sí son parte del TPI.Estados Unidos, que no firmó el texto dos años atrás, aunque su Gobierno considera que en principio es necesario un tribunal penal internacional de carácter permanente, ha dado una batalla en las últimas semanas para lograr exenciones. Los otros países interesados han entendido que permitir tal excepción a través del desarrollo reglamentario desvirtuaría el TPI. No obstante, ha quedado entreabierta una puerta para la negociación. De lograrse, podría llevar a Clinton a suscribir el estatuto del TPI antes de dejar la Casa Blanca en enero próximo.

Pero incluso tal paso no garantizaría la ratificación del estatuto por el Senado. Uno de sus componentes más tristemente notorios, Jesse Helms, ha presentado un proyecto de ley según el cual EE UU no cooperará con el tribunal mientras no haya ratificado el tratado a su satisfacción, e incluso sancionaría a los Gobiernos que colaborasen con el TPI. Un mal gesto de la potencia que tiene más soldados fuera de su territorio -de ahí su preocupación-, pero que, por la preeminencia de su poderío, debería dar ejemplo al resto del mundo.

El ritmo de ratificaciones, pese a los problemas jurídico-constitucionales que plantea, va acelerado, aunque aún queda largo trecho (son necesarios 60 países) para ponerlo en marcha, aun sin EE UU. Pero ya no es imposible que durante el primer lustro del siglo termine creándose ese Tribunal Penal Internacional que juzgue los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión que se produzcan a partir de entonces. El TPI en gestación es la novedad más importante del derecho internacional en las últimas décadas; el camino hacia la globalización judicial.

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