La acusación en el 'caso Herrero' pide seis meses de cárcel para Jesús Gil

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella a una sociedad promovida por el fallecido periodista Antonio Herrero ha solicitado penas de seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación para el alcalde de la ciudad, Jesús Gil y Gil, por sendos presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Las mismas penas se han solicitado también para el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz y para el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca. El caso en cuestión es el primero por supuestas irregularidades ur...

Licencia impugnada

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella a una sociedad promovida por el fallecido periodista Antonio Herrero ha solicitado penas de seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación para el alcalde de la ciudad, Jesús Gil y Gil, por sendos presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Las mismas penas se han solicitado también para el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz y para el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca. El caso en cuestión es el primero por supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella que llega a la vía penal. Una vez presentada la petición de apertura de juicio oral por parte de la acusación, la Audiencia Provincial de Málaga debe ahora fijar la fecha de la vista oral.

La acusación entiende que existe un delito de prevaricación en el que incurrieron los siete miembros de la comisión de Gobierno, además del Urbanismo, que aprobaron un convenio de permuta de 226 metros cuadrados de superficie municipal a la sociedad Incopromar, de la que Herrero poseía el 95% del capital social. Esta parcela era zona verde y se cedió a Herrero para que edificara sobre ella, todo ello sin acreditar la necesidad de la permuta ni seguir los requisitos que establece la legislación para la enajenación de patrimonio municipal, según la acusación. Por este delito, el PSOE pide la inhabilitación de 10 años para cada uno de los siete ediles, incluido Gil, y para Roca.

El presunto delito contra la ordenación del territorio -por el que la acusación pide otros 10 años de inhabilitación y seis meses de prisión menor- se cometió en la concesión de la licencia de obras a Incopromar el 4 de julio de 1997 contraria al planeamiento urbanístico vigente. La licencia, que contó con informe contrario del arquitecto municipal, permitió construir en suelo que en parte era vial y parte zona pública y autorizó a levantar un bloque de nueve plantas más baja, en una zona en la que el planeamiento sólo permitía cuatro más baja.La licencia fue impugnada en los tribunales por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo el 29 de septiembre de 1997.

En el escrito de acusación se ponen además de manifiesto otras irregularidades como el hecho de que el Ayuntamiento de Marbella firmara el convenio urbanístico con Incopromar el 20 de diciembre de 1996, cuando la sociedad promovida por Antonio Herrero no se inscribió en el Registro Mercantil hasta el 13 de enero de 1997. Además, de la parcela en cuestión, de 1.141 metros cuadrados, 272 metros cuadrados pertenecían al Ayuntamiento. El resto, 869 metros cuadrados, fue adquirida por la sociedad de Herrero por 268 millones de pesetas. En el convenio, Incopromar se comprometió a pagar 60 millones en metálico al Ayuntamiento y otro tanto en una vivienda y varios locales del futuro edificio.