El Gobierno regional prohibirá a Telemadrid 'contraprogramar'

La táctica de la contraprogramación -el cambio a última hora de la oferta televisiva de una cadena para competir con el resto- parece llegar a su fin para Telemadrid. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Contenidos Audiovisuales, que obliga a las cadenas de emisión regional a anunciar con 11 días de antelación su programación. El proyecto recoge, además, multas de hasta 100 millones de pesetas contra la emisión de espacios que fomenten "el odio y la discriminación".

Con esta medida, que pretende frenar la práctica de la contraprogramación en todas las cadenas de ámbi...

La táctica de la contraprogramación -el cambio a última hora de la oferta televisiva de una cadena para competir con el resto- parece llegar a su fin para Telemadrid. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Contenidos Audiovisuales, que obliga a las cadenas de emisión regional a anunciar con 11 días de antelación su programación. El proyecto recoge, además, multas de hasta 100 millones de pesetas contra la emisión de espacios que fomenten "el odio y la discriminación".

Soto del Henares

Con esta medida, que pretende frenar la práctica de la contraprogramación en todas las cadenas de ámbito autonómico (Telemadrid, el canal regional de la plataforma Quiero, el que abrirá próximamente el Grupo Prensa Española y la televisión por cable de Madritel), la Comunidad de Madrid se incorpora a la ley que, desde junio de 1999, rige para las cadenas de cobertura nacional. Tele5 y Antena 3 ya protestaron en septiembre del año pasado contra la "discriminación" que, en su opinión, suponía que la prohibición de contraprogramar no afectase a las televisiones autonómicas.El proyecto de ley, que debe ser aprobado aún por la Asamblea (previsiblemente antes de final de año), contiene, además, un "amplio despliegue de protección a los menores", concretado en el veto, entre las 6.00 y las 22.00, a los programas o mensajes "que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral" de los niños. Queda también prohibido cualquier espacio que fomente "el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social de las recogidas en el artículo 14 de la Constitución".

Los operadores que mantengan ese tipo de programas en su parrilla se enfrentarán, o al menos así queda establecido en el proyecto de ley, a sanciones de hasta 100 millones de pesetas. Otras faltas "menos graves" se multarán con un mínimo de 50.000 pesetas.

El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, que habrá de decidir las sanciones más altas, contará con el asesoramiento de un Consejo Audiovisual creado a tal efecto y compuesto por tres técnicos designados por la Asamblea a propuesta de los grupos parlamentarios, cuatro representantes de la Administración autonómica, uno de la oficina del Defensor del Menor y otro de las organizaciones de consumidores y usuarios. La Comunidad creará también una Comisión Técnica Audiovisual para controlar el cumplimiento de la ley y frenar posibles situaciones de dominio de mercado de redes de cable o violaciones de la ley de libre competencia.

El Consejo de Gobierno aprobó también declarar "zona de protección preventiva" el espacio natural de Soto del Henares, en los municipios de Alcalá de Henares y Santos de la Humosa, "uno de los mejores bosques de ribera asociado a cantiles arcillosos" de la región, según explicó el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón. Las 332 hectáreas de este paraje, que presenta una "altísima biodiversidad de flora y fauna" y ya ha sido propuesto por el Gobierno regional como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), están hoy amenazadas por el crecimiento urbano e industrial y el vertido de escombros en la zona. La Comunidad iniciará ahora un estudio de un año de duración para restaurar las zonas de interés ecológico dañadas. Durante ese tiempo no podrá otorgarse ninguna autorización o licencia para "actividades de transformación" en Soto del Henares sin un informe previo de la Consejería de Medio Ambiente.

Ruiz-Gallardón anunció, por último, el nombramiento de Juan Carlos Doadrio como viceconsejero de la Consejería de Educación, y su sustitución, en la Viceconsejería de Promoción y Patrimonio Histórico, por Rosa Basante Pol. Basante ocupaba hasta ayer la gerencia del Instituto Madrileño de Formación (Imaf).