Las denuncias de socios de Amappace destapan irregularidades en la residencia de Málaga
La detención del gerente de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE), José Colomina Llorens, el 6 de junio pasado, como consecuencia de la denuncia por agresiones sexuales reiteradas de una tetrapléjica de 20 años, ha provocado una oleada de denuncias, protestas y reclamaciones ante los Juzgados, la Policía Autonómica y la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en Málaga sobre el funcionamiento de la residencia para paralíticos cerebrales gravemente afectados que la asociación posee en Málaga.
Al menos seis familiares han presentado denuncias por malos ...
La detención del gerente de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE), José Colomina Llorens, el 6 de junio pasado, como consecuencia de la denuncia por agresiones sexuales reiteradas de una tetrapléjica de 20 años, ha provocado una oleada de denuncias, protestas y reclamaciones ante los Juzgados, la Policía Autonómica y la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en Málaga sobre el funcionamiento de la residencia para paralíticos cerebrales gravemente afectados que la asociación posee en Málaga.
Normas internas
Al menos seis familiares han presentado denuncias por malos tratos, desatenciones y agresiones sexuales por parte del gerente y algunos trabajadores del centro. Estas denuncias se investigan en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga. La asociación, con 23 años de trayectoria, está ahora en el centro de todas las miradas, y su junta directiva, presidida por Mercedes Castro, ha decidido guardar silencio hasta que se levante el secreto del sumario, prorrogado hasta agosto.La delegada de Asuntos Sociales, Ana Paula Montero, ha abierto un expediente para investigar las irregularidades. Montero asegura que la Junta está dispuesta a "llegar hasta el final", pero se muestra "sorprendida" por las denuncias. En ellas no sólo se relatan presuntas agresiones sexuales cometidas por el gerente y otro trabajador de la asociación, sino castigos vejatorios, como privar de su silla de ruedas a minusválidos por haberse portado mal, y desatenciones en la higiene y vestido de los internos.
Antiguos trabajadores de la asociación y objetores que han hecho la prestación social en la residencia reconocen la existencia de castigos de este tipo y también que hay "descontrol" en el vestido de los internos, es decir, que rara vez éstos van vestidos con la ropa que les compran sus padres. En algunos casos, este trato se justifica: "Hay que estar dentro para entenderlo, porque desde fuera estas cosas pueden parecer una burrada", dice un ex trabajador que, como casi todos en esta historia, prefiere mantenerse en el anonimato. "Su ropa se la poníamos cuando protestaban los padres, porque para estar dentro de la residencia, da igual", explica este ex trabajador. Uno de los motivos de las desatenciones puede ser la falta de personal. "La ratio es de un monitor por cada ocho internos", dice uno de los denunciantes, mientras que los objetores reconocen haber desempeñado el trabajo "de un auxiliar de clínica", participando, por ejemplo, en el baño de los enfermos.
Pero hay otras muchas cosas que chirrían. Por ejemplo, en la hoja de normas internas de la residencia que firman los familiares al formalizar el ingreso de un enfermo, figura una cláusula que declara "exenta de toda responsabilidad a la dirección y personal de la residencia, así como a la asociación titular de ésta, por cuanto pudiese ocurrirle al minusválido de forma accidental, o como consecuencia de la propia disminución que padece, o las enfermedades o dolencias que pudiese contraer durante su estancia en la residencia, así como de las involuntarias consecuencias que pudiesen derivarse de la propia atención prestada a aquél".La delegada de Asuntos Sociales comentó a este periódico que desconocía la existencia de esta cláusula. "Eso no ha pasado por la Junta, porque si no, la Junta habría tomado medidas", dijo, y añadió que, hasta la primera denuncia, la Junta sólo había tenido "una queja de una educadora". La delegada protesta por la tardanza de los padres, educadores y trabajadores sociales en formular sus denuncias. "La institución funciona desde 1977 y jamás habíamos tenido una queja. Si la gente ha venido observando irregularidades, ¿Cómo es posible que no las hayan puesto en conocimiento de las instituciones hasta ahora?", pregunta. Uno de los familares que ha denunciado abusos sexuales lo explica: "Supongo que cuando me enteré no quería o no podía creerlo. Además, cualquier reclamación ante el gerente se respondía con una amenaza de poner al interno de patitas en la calle".