Una juez rechaza la expulsión de Portugal del supuesto etarra Telletxea Maia
La titular del Juzgado Penal número 2 de Sintra rechazó ayer la expulsión de Portugal del supuesto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia al considerar que no constituye "una amenaza a los intereses del Estado ni al orden público" como invocaba el Servicio de Fronteras y Extranjeros (SEF). En un caso que alcanza tintes kafkianos, responsables del SEF no descartan su expulsión administrativa. La jueza desestimó el otro motivo esgrimido por el SEF para solicitar su expulsión, al considerar inaceptable que su permanencia en el país pudiera constituir una "supuesta amenaza a los interese...
"Invitación voluntaria"
La titular del Juzgado Penal número 2 de Sintra rechazó ayer la expulsión de Portugal del supuesto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia al considerar que no constituye "una amenaza a los intereses del Estado ni al orden público" como invocaba el Servicio de Fronteras y Extranjeros (SEF). En un caso que alcanza tintes kafkianos, responsables del SEF no descartan su expulsión administrativa. La jueza desestimó el otro motivo esgrimido por el SEF para solicitar su expulsión, al considerar inaceptable que su permanencia en el país pudiera constituir una "supuesta amenaza a los intereses y la dignidad del Estado" y "cuestionar las relaciones existentes entre España y Portugal, tanto a nivel bilateral como en el cuadro comunitario". Telletxea fue detenido en el aeropuerto de Lisboa en marzo de 1996 cuando intentaba volar a Venezuela con documentación falsa. Acusado por la Audiencia Nacional de formar parte del aparato de mugas (paso de fronteras) y trasladar explosivos a la organización terrorista, las autoridades lusas denegaron su extradición. Las peticiones del SEF para que abandonara Portugal voluntariamente fueron paralizadas por sus solicitudes de asilo y residencia en Portugal, posteriormente denegadas.
El presunto etarra, cuya peculiar situación se debe en parte a que carece supuestamente de documentación que acredite su nacionalidad española, afirmó ante la juez que la primera orden del SEF no la pudo cumplir porque se encontraba en prisión. La segunda la tomó como "una invitación voluntaria". Provocando las risas de los presentes, la directora regional del SEF, María José Lima Ramos, reconoció que las "invitaciones" para abandonar el país no podía cumplirlas legalmente al carecer supuestamente de documentación, aunque admitió que podría expulsarle por vía administrativa si le facilita antes alguna identificación. Lima explicó que el SEF no adoptó esa medida administrativa "al no existir pruebas de que entrara irregularmente en Portugal", tesis discutible dado que fue detenido con documentación falsa, pero admitió que podría ser expulsado por esa vía, en el caso de que el Ministerio del Interior desestime ahora su último recurso contra la denegación de residencia y, de esta forma, quede en situación irregular, como ya estuvo en otras ocasiones.
De hecho, fuentes conocedoras del proceso creen que el SEF podría haberle expulsado directamente sin trasladar esta decisión a la autoridad judicial. En definitiva, todo un laberinto burocrático que el supuesto colaborador de ETA ha podido aprovechar gracias a la indecisión de las autoridades portuguesas y a su lentísima justicia.
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