Jueces del Supremo afirman que la expulsión de los 36 marroquíes de Mijas vulneró la legalidad

Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo reunidos en Santander para analizar la justicia constitucional señalaron que la expulsión de los 36 inmigrantes de Mijas (Málaga) podría haber vulnerado su derecho a la tutela judicial, al habérseles impedido recurrir la orden de expulsión. La tormenta judicial y política desatada en torno a las expulsiones provocó que PSOE e IU reclamaran la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. El titular de Exteriores, Josep Piqué y el delegado de Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, se afanaron en defender la legalidad de la medida.

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Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo reunidos en Santander para analizar la justicia constitucional señalaron que la expulsión de los 36 inmigrantes de Mijas (Málaga) podría haber vulnerado su derecho a la tutela judicial, al habérseles impedido recurrir la orden de expulsión. La tormenta judicial y política desatada en torno a las expulsiones provocó que PSOE e IU reclamaran la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. El titular de Exteriores, Josep Piqué y el delegado de Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, se afanaron en defender la legalidad de la medida.

Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y Cándido Conde-Pumpido, el fiscal de Sala de ese tribunal, Juan José Martín Casallo, y el fiscal José María Paz coincidieron en que la repatriación de los 36 inmigrantes descubiertos el martes en una furgoneta en Mijas (Málaga), pudo vulnerar sus derechos constitucionales. Los dos magistrados y los dos fiscales del Supremo participan esta semana en el curso Límites de la justicia constitucional ante la justicia ordinaria, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.José Antonio Martín Pallín consideró que, "a primera vista", se ha privado a los inmigrantes de algunos mecanismos legales establecidos en la Ley de Extranjería: "Lo lógico es que estas personas hubieran tenido la posibilidad de asistencia letrada o de ejercitar algún mecanismo legal", dijo Martín Pallín.

Añadió que interponer un recurso contencioso administrativo, una vez que los inmigrantes están fuera del país, sería un "gasto inútil que no llevaría a ninguna parte", salvo que lo realizara alguien "con la paciencia necesaria para esperar el peregrinaje judicial y pedir la ejecución de la sentencia", que de ser favorable implicaría el regreso a España. "Pero sería una utopía, porque estas personas ni tienen medios económicos, ni pueden seguir este largo proceso", dijo.

Por su parte, Conde-Pumpido explicó que la actual ley "no contempla como causa de expulsión el mero hecho de estar en situación ilegal" en España, sino que tiene que haber otras circunstancias adicionales, como la vulneración del orden.

En el mismo sentido, el fiscal de Sala Martín Casallo afirmó que "no se puede devolver a nadie sin la defensa de un letrado", y señaló que la actuación del Ministerio del Interior "no se ha ajustado al espíritu de la nueva Ley de Extranjería", al haberse dado una interpretación "restrictiva" de la misma "que vulnera los derechos de defensa". El fiscal del Supremo José María Paz expresó su creencia de que "el Tribunal Constitucional dirá que devolver a alguien en derecho de retorno sin asistencia de letrado vulnera derechos constitucionales, que es distinto de que se haya vulnerado la Constitución".

Que intervenga Cardenal

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) pidió, a través de su portavoz, Montserrat Comas, la inmediata intervención del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, para que éste recurra, en su caso, ante el Constitucional, "la resolución de retorno que no ha podido ser objeto de recurso administrativo o judicial".

En sentido opuesto, el delegado del Gobierno para Extranjería e Inmigración, Enrique Fernández- Miranda, sostuvo que a los inmigrantes descubiertos en Mijas se les aplicó "escrupulosamente" la Ley de Extranjería.

El secretario de Estado indicó, en una nota, que a los inmigrantes "se les aplicó el artículo 54.2 de la ley de Extranjería en el que se dice que no será preciso que se incoe un expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros que son detenidos cuando quieren entrar ilegalmente en España".

Según Fernández-Miranda, no se puede afirmar que no se les dejó declarar, "cuando han sido formalmente identificados y no han tenido oportunidad de hacerlo". "Se ha actuado de forma impecable y lamento de verdad que alguien esté intentado crispar a la sociedad informando de hechos que no se han producido", concluyó.

A su vez, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, puntualizó que, en muchas ocasiones, a los inmigrantes ilegales "se les coge tierra adentro". "En este caso algunos llevaban las ropas mojadas con agua salada, acababan de entrar en el país", informa Ignacio Martínez.

Rubio se declaró partidario de modificar la Ley de Extranjería porque ahora "es más fácil entrar en España ilegalmente, que hacerlo de manera legal". Y lo explicó con un ejemplo: "Si un marroquí camarero de Casablanca consigue un contrato de trabajo en un bar en la Costa del Sol y quiere venir legalmente, irá al consulado español de Casablanca y pedirá un visado. El consulado enviará la solicitud a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en donde el departamento de Trabajo consultará si hay parados en ese sector. Como en España hay parados registrados en todos los sectores, la solicitud será rechazada. El camarero, entonces, puede venir en una patera y si consigue pasar irá al bar a trabajar de ilegal. Si entonces lo cogemos no lo podremos echar".