El síndico lleva al Parlament la auditoría de la Generalitat con más de 500 días de retraso

La Sindicatura de Cuentas, la entidad pública que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, entregará mañana al Parlament la auditoría correspondiente al ejercicio de 1997, según fuentes próximas a este organismo. El informe llegará a la Cámara con 515 días de retraso respecto al periodo previsto por la ley y después de que toda la oposición haya exigido reiteradamente su presentación. La Sindicatura, que estrena hoy su nueva sede en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, alega saturación de trabajo para justificar el retraso en la entrega de las cuentas fiscalizadas. La falta de consenso entre l...

La Sindicatura de Cuentas, la entidad pública que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, entregará mañana al Parlament la auditoría correspondiente al ejercicio de 1997, según fuentes próximas a este organismo. El informe llegará a la Cámara con 515 días de retraso respecto al periodo previsto por la ley y después de que toda la oposición haya exigido reiteradamente su presentación. La Sindicatura, que estrena hoy su nueva sede en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, alega saturación de trabajo para justificar el retraso en la entrega de las cuentas fiscalizadas. La falta de consenso entre los partidos ha impedido la renovación de tres de los siete miembros del organismo, cuyo mandato ya ha expirado.

Los informes sobre la Cuenta General de la ejecución del Presupuesto elaborados por la Sindicatura constituyen el examen más riguroso sobre la gestión del Gobierno y han puesto de relieve numerosas anomalías. La Sindicatura debe presentar cada año ante el Parlament una auditoría de las cuentas de la Generalitat y sus organismos dependientes.El creciente endeudamiento de la Generalitat, que asciende a 1,4 billones si se excluyen sus empresas, ha provocado alarma entre los grupos de la oposición, que reclaman mayor transparencia de las cuentas públicas.

El informe sobre las cuentas de la Generalitat de 1997 llegará, en principio, mañana a la Cámara, con 515 días de retraso sobre el plazo que marca la Ley de la Sindicatura de Cuentas.

Todos los grupos de la oposición expresaron su malestar por el retraso en la sesión de la comisión parlamentaria de la Sindicatura celebrada la pasada semana. Los diputados Martí Carnicer, del Partit dels Socialistes (PSC); Francesc Ferrer Gironès, de Esquerra Republicana (ERC), y José Luis López Bulla, de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) aprovecharon la presencia del síndico mayor, Ferran Termes, para reprocharle el retraso en la entrega.

La ley exige al Gobierno de la Generalitat que presente sus cuentas a la Sindicatura antes del 31 de julio del año siguiente al del cierre del ejercicio y otorga a este organismo un plazo de cinco meses para "examinar y comprobar" las cuentas. Por tanto, la auditoría sobre las cuentas de 1997 debía haber entrado en el Parlament a finales de diciembre de 1998.

Fin de la mayoría absoluta

Estos parlamentarios expusieron su malestar porque la comisión tendrá que analizar ahora unos presupuestos "ultraliquidados", dijeron fuentes parlamentarias consultadas. Estas fuentes explicaron que el síndico mayor se comprometió a entregar el estudio antes de la primera semana de junio y alegó problemas presupuestarios para justificar el retraso. Los últimos presupuestos aprobados destinan a la Sindicatura 667 millones de pesetas, el 1,7% más que en 1999.

Los partidos de la oposición coinciden también en señalar que el intenso ciclo electoral que acaba de finalizar -con tres convocatorias electorales en nueve meses- explica en parte un retraso tan acusado en la entrega de la auditoría. Además, la institución se encuentra en una situación de interinidad de hecho: tres de sus siete miembros, incluido el síndico mayor, acabaron su mandato el pasado noviembre y no existe consenso entre los partidos para acometer de inmediato la renovación parcial.

Para ser elegido miembro de la Sindicatura se requiere una mayoría cualificada en el Parlament. En la actual composición de la Sindicatura, los miembros nombrados a propuesta de CiU disponen de la mayoría absoluta. No obstante, dos de los síndicos que finalizan su mandato fueron propuestos hace seis años por CiU -Ferran Termes y Manuel Cardeña- y uno por el PSC -Jordi Petit-. ERC reclama ahora la facultad de proponer uno de los nombramientos a costa de CiU, lo que supondría el fin de la mayoría absoluta.