PNV y PP impiden mayores controles de seguridad laboral en Vizcaya
El PP apoyó ayer al PNV y EA para lograr ayer el rechazo, en las Juntas Generales de Vizcaya, de una propuesta que pedía un mayor control de las empresas que trabajen para la Diputación con el fin de reducir los accidentes de trabajo. Los peneuvistas adujeron que ya hay organismos que vigilan el cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que los populares aseguraron que no corresponde a la Diputación realizar este tipo de controles.La propuesta, presentada por Euskal Herritarrok ante las elevadas tasas de siniestralidad laboral en Euskadi y al hecho de que el "44% de l...
El PP apoyó ayer al PNV y EA para lograr ayer el rechazo, en las Juntas Generales de Vizcaya, de una propuesta que pedía un mayor control de las empresas que trabajen para la Diputación con el fin de reducir los accidentes de trabajo. Los peneuvistas adujeron que ya hay organismos que vigilan el cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que los populares aseguraron que no corresponde a la Diputación realizar este tipo de controles.La propuesta, presentada por Euskal Herritarrok ante las elevadas tasas de siniestralidad laboral en Euskadi y al hecho de que el "44% de las empresas con más de 50 trabajadores continúa sin sistemas de prevención", planteaba mayores medidas y la exigencia a las empresas que liciten obras forales de que cumplan "todos los requisitos de prevención, rechazándose la participación de aquellas que hayan conocido sanciones graves por incumplimiento de esas medidas".
Junto a ello, pedía el conocimiento de las subcontratas y la no participación de empresas de trabajo temporal, así como que "entre el personal empleado al menos el 85% debe contar con contrato fijo o indefinido y los eventuales contarán con un contrato de obra, rechazándose la modalidad de autónomos".
Jon Fano, de EH, dijo que la ley de Prevención de Riesgos Laborales "no tiene nada que ver con lo que pasa luego" en las empresas y que su propuesta buscaba "incidir en la aplicación de la ley en estos puntos". "Socialmente y políticamente, la Diputación está obligada a controlar cómo se hacen sus obras", añadió.
José Luis Conde, de Izquierda Unida, afirmó que los últimos informes indican que "el 60% de los empresarios desconoce la ley [de Prevención de Riesgos Laborales] y consideró que la Diputación "sí tiene la obligación de arbitrar mecanismos complementarios para primar a las empresas que cumplen la ley". Josu Montalbán, del PSE, incidió en que los accidentes en las empresas "ya no son casuales" y afirmó que la institución puede realizar "valoraciones en los pliegos de condiciones", como el Ayuntamiento de Bilbao.